Investigación revela que magistrados aplicaron un artículo de los años noventa para impedir conciliación que habría ahorrado millones al Estado.
Nuevos indicios de corrupción salen a la luz en el caso de los jueces de Piura que se basaron en un informe del abogado de la cuestionada Interoceánica Sur de Odebrecht para bloquear una conciliación favorable al Estado. El documento hacía referencia a una norma derogada hace más de treinta años.
Fidencio Cuya, Jesús García y Fanni Ulloa fundamentaron su decisión en un artículo de Juan Monroy Gálvez publicado en la revista Themis en los años noventa, que señalaba que convenios entre partes no eran válidos si existía sentencia en primera instancia.
Cuando los comerciantes José Aguirre Lazo y Nancy Román Córdova acudieron con su abogado Waldir Reyes a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, se cortó la electricidad. La jueza superior de control Nelly Pinto Alcarraz los atendió en un ambiente con luz natural, explicando que el texto de Monroy correspondía a un código derogado.
Al comprobar que la Primera Sala Civil de Piura aplicó la norma a un caso reciente entre la Asociación de Comerciantes Unidos Nuevo Amanecer y la Municipalidad Provincial de Piura, la magistrada mostró su sorpresa y solicitó atención urgente al jefe de control local, Gonzales Zulueta, para proteger los intereses del Estado.
“Este terreno es muy atractivo porque está en la zona comercial por el Mercado de Piura en la avenida Sánchez Cerro. No entendemos cómo cinco personas que observan la conciliación tienen dinero para todo este trámite, y parece que, para acciones oscuras como este caso, podría tratarse de prevaricato”, advirtió el abogado Waldir Reyes.
