Juárez Atoche advierte: desactivar equipos especiales generaría ‘conflicto de intereses’ en la Fiscalía

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato alertó sobre riesgos institucionales si se evalúa la eliminación de los equipos especiales del Ministerio Público. Su advertencia coincide con la intención del Tomás Gálvez de retirar estas estructuras —una decisión que se discute en la Junta de Fiscales Supremos

En una reciente declaración pública, el fiscal Germán Juárez Atoche expresó su rechazo a la posible desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos el Equipo Especial Lava Jato. Advirtió que una medida de ese tipo podría generar un conflicto de intereses y comprometer la independencia de los procesos de investigación.

Juárez Atoche destacó que los equipos especiales han logrado resultados concretos en casos emblemáticos de corrupción: “hay tres expresidentes investigados; dos ya están en prisión y otro proceso —el del expresidente Martín Vizcarra— está pendiente”, subrayó.

Asimismo, el fiscal cuestionó que la propuesta de desactivación provenga del Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, a quien vinculó como investigado en otro proceso —lo que, según Juárez Atoche, incrementa el riesgo de parcialidad si el equipo especial que lo investiga es disuelto.

La decisión sobre la continuidad o no de los equipos especiales recae actualmente en la Junta de Fiscales Supremos. Hasta la fecha, la entidad ha decidido aplazar la votación debido a la carencia de información técnica y administrativa completa.

Desde su fundación, los equipos especiales han jugado un papel clave en la persecución de casos de corrupción de alto perfil que de otro modo difícilmente hubieran avanzado bajo estructuras convencionales de la Fiscalía. Por ello, Juárez Atoche sostuvo que una eventual desactivación representaría “un retroceso grave” en la lucha contra la corrupción.

El pronunciamiento de Juárez Atoche se produce en un contexto de tensión institucional: la propuesta de eliminación de estas unidades fue cuestionada por distintos sectores —quienes advierten riesgo de impunidad o de debilitar la capacidad operativa del Ministerio Público ante casos complejos

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