El exministro de Justicia inicia su campaña tras renunciar al cargo para evitar la moción de censura en su contra, presentando un mensaje dirigido a respaldar a la PNP.
Juan José Santiváñez oficializó su postulación a las elecciones 2026 a través de un video en el que se observa a policías siendo agredidos por un civil. Tras la escena, el exministro aparece frente a cámara y pronuncia un mensaje directo: “Basta, quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos”, marcando así el inicio de su campaña centrada en la defensa de la Policía Nacional.
Su anuncio se produce apenas dos semanas después de su renuncia al Ministerio de Justicia, presentada el 1 de octubre, cuando el Congreso se preparaba para debatir una moción de censura en su contra. Con su dimisión, Santiváñez evitó una votación que podía removerlo del cargo y cumplió con el requisito legal para postular a un cargo público en los comicios de 2026.
Durante su gestión, Santiváñez acumuló denuncias e investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociación incompatible. Además, ejerció como abogado de efectivos policiales con sentencias por corrupción y de exagentes vinculados a organizaciones criminales. Las investigaciones fiscales sostienen que habría usado su paso por el Estado para favorecer a oficiales investigados y fortalecer redes de lealtad dentro de la PNP.
Aunque en Arequipa aparecieron pintas con su apellido en colores similares a los de Alianza Para el Progreso (APP), Santiváñez no confirmó afiliación partidaria. Solo señaló que ha recibido invitaciones de “varias organizaciones” y anunciará su decisión “en el momento adecuado”. Mientras tanto, su mensaje y retórica buscan posicionarlo como el candidato de las fuerzas del orden, apelando al respaldo de policías en actividad y retiro.
Contexto de su renuncia y la moción de censura
El 1 de octubre, Santiváñez presentó su renuncia, aduciendo su intención de postular en las elecciones de 2026. Su salida fue interpretada como una estrategia para evitar la moción de censura programada para el 3 de octubre en el Congreso, impulsada tras la difusión de audios que evidenciaban coordinaciones indebidas con altos mandos policiales.
Previo a su dimisión, congresistas de oposición y del centro habían exigido su salida inmediata, advirtiendo que su permanencia aumentaba el desgaste del gobierno de Dina Boluarte. La moción fue postergada en varias ocasiones por la Mesa Directiva, generando críticas de sectores que acusaban al oficialismo de blindarlo, mientras que algunos legisladores cercanos al Ejecutivo defendían su continuidad hasta conocerse los resultados de las investigaciones.
El proceso comenzó a mediados de septiembre, cuando se presentó la primera moción de censura tras revelarse audios comprometedores sobre su relación con altos funcionarios policiales y posibles actos de injerencia en investigaciones internas. La moción reunió 35 firmas, principalmente de bancadas de izquierda y del bloque liberal, consolidando un consenso amplio para exigir su salida.
