Comisión que investiga el acuerdo de colaboración eficaz revela que fiscales extendieron beneficios fuera del pacto y permitieron archivamientos masivos que beneficiaron a empresas vinculadas a la constructora brasileña.
Los fiscales encargados de la negociación del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y la empresa brasileña Odebrecht habrían incumplido las normas aplicables al proceso especial, permitiendo que los beneficios se extiendan a otros proyectos no incluidos en el pacto e incluso favoreciendo a empresas vinculadas a la constructora.
Así lo señaló Alejandro Muñante (Renovación Popular), presidente de la comisión investigadora del Congreso, quien presentó el informe preliminar de sus indagaciones, recomendando un plazo de 90 días para culminar la investigación.
En diciembre de 2018 se firmó un preacuerdo que detallaba que Odebrecht continuaría operando en Perú, con una reparación civil de 610 millones de soles y colaboración limitada a cuatro obras: la Carretera Interoceánica (tramos 1, 2 y 3), la Línea 1 del Metro de Lima, la Vía de Evitamiento de Cusco y la Costa Verde en el Callao. Además, se fijó una cuota inicial de 80 millones de soles, a pagarse con la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla.
Por su parte, los representantes de Odebrecht se comprometieron a entregar códigos y pseudónimos de los implicados en los servidores Drousys y My Web Day, mientras que la Fiscalía se obligó a no usar esas pruebas para iniciar procesos judiciales.
El 15 de febrero de 2019 se formalizó el acuerdo de colaboración eficaz, con el Estado representado por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato, y por Silvana Carrión de la Procuraduría peruana. Todos ellos han sido citados a declarar ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso.
