La Autoridad de Control del Ministerio Público inició actuaciones contra el fiscal por una posible inconducta funcional tras declarar sin autorización institucional.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, enfrenta un nuevo flanco. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) ha iniciado “actuaciones previas” que podrían derivar en un proceso disciplinario por una presunta inconducta funcional, a raíz de sus declaraciones públicas tras la muerte de José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima y uno de los principales implicados en el caso Susana Villarán.
Según la resolución, Pérez habría ofrecido declaraciones a medios de comunicación sin contar con autorización institucional, lo que contraviene la normativa de vocería oficial del Ministerio Público, en vigor desde noviembre de 2024. La ley exige que cualquier intervención mediática sea previamente coordinada con los voceros designados o sus responsables descentralizados, especialmente cuando se trata de casos sensibles y en investigación activa.
El caso se agrava por el momento en que ocurrieron los hechos. José Miguel Castro, aspirante a colaborador eficaz, fue hallado muerto en su vivienda de Miraflores el 29 de junio. Casi de inmediato, Pérez ofreció declaraciones que, según fuentes internas, generaron incomodidad dentro del Ministerio Público por su falta de cautela institucional.
La ANC ha solicitado a la Oficina de Imagen Institucional que informe si Pérez estaba debidamente autorizado. Si la respuesta es afirmativa, deberá explicarse qué excepcionalidad permitió que hablara públicamente. Si no lo estaba, se investigará si comunicó su decisión a sus superiores, como dicta la Ley Orgánica del Ministerio Público.
