La Junta Nacional de Justicia declaró fundado el recurso de reconsideración del postulante y dejó sin efecto la resolución que lo excluyó del proceso de selección.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y ordenó su reincorporación al concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La decisión fue adoptada por el pleno de la JNJ con los votos a favor de la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como de los miembros Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo. En contra votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los integrantes Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.
Dejan sin efecto la resolución de exclusión
Con esta decisión, la JNJ dejó sin efecto los artículos primero y segundo de la resolución que había excluido a Loyola Escajadillo del proceso de selección, restituyéndolo como postulante al cargo de máxima autoridad de la ONPE.
El abogado había sido separado del concurso tras determinarse que omitió consignar en su declaración jurada dos procesos judiciales en trámite. En esa misma resolución también se declaró desierta la convocatoria pública.
Posteriormente, Loyola presentó un recurso de reconsideración argumentando que se vulneró su derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad y bajo criterios de meritocracia.
Concurso continuará con nuevo cronograma
La JNJ informó además que dispuso que la Dirección de Selección y Nombramiento elabore, en el más breve plazo, una reestructuración del cronograma de las actividades pendientes del concurso para que sea evaluada y aprobada por el pleno.
Según la institución, la reprogramación permitirá continuar con el proceso de selección del futuro jefe de la ONPE conforme a las decisiones que adopte el colegiado.
Finalmente, la JNJ reiteró que todas las actuaciones en los concursos públicos se realizan respetando el debido procedimiento, la legalidad, la transparencia y el derecho de defensa de los postulantes.
