El Poder Judicial ordenó dejar sin efecto la suspensión de Espinoza y dispuso su inmediata restitución mientras se resuelve el proceso de amparo.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el procedimiento administrativo para cumplir con el mandato judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras haber sido suspendida por seis meses en el marco de un proceso disciplinario.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 03 de la Presidencia Delegada, firmado por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. Este documento ordena reunir la documentación necesaria y coordinar con la Procuraduría Pública de la entidad a fin de precisar la fecha de notificación de la resolución judicial, un paso clave para ejecutar el mandato.
La decisión responde a la Resolución Judicial N.º 5, emitida el 13 de octubre por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza. El fallo ordena dejar sin efecto su suspensión como fiscal suprema y fiscal de la Nación, y suspende además cualquier procedimiento disciplinario derivado del mismo proceso hasta que exista un pronunciamiento definitivo.
Delia Espinoza interpuso una acción de amparo argumentando que la JNJ no tiene competencia para cesar o designar al fiscal de la Nación, ya que esta atribución corresponde a la Junta de Fiscales Supremos según el artículo 158 de la Constitución. También denunció haber sufrido presiones durante su suspensión y la reposición de su antecesora, Liz Patricia Benavides.
La JNJ había suspendido a Espinoza el 19 de septiembre, alegando presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de resoluciones previas. Sin embargo, el fallo judicial deja sin efecto esa sanción, disponiendo su inmediata restitución mientras continúa el proceso constitucional.
Nuevo capítulo en la disputa institucional
Con esta decisión, la JNJ se ve obligada a habilitar nuevamente a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Aunque la medida tiene carácter provisional, su ejecución reaviva la tensión entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, en un contexto de creciente debate sobre los límites de competencia entre órganos constitucionales.
