El JNE sostuvo que constitucionalmente las autoridades electorales tienen autonomía, por ello no le corresponde al Parlamento designarlas.
El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el documento presentado por Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, ante el Congreso, el cual condiciona el apoyo de dicha bancada al adelanto de elecciones a cambio de remover de sus cargos a las autoridades del JNE, ONPE y RENIEC.
En el comunicado emitido por el JNE se lee que “el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los miembros del Pleno son elegidos conforme los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 179. Los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) son nombrados por la Junta Nacional de Justicia (artículos 182 y 183)”.
Asimismo, el JNE recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege las injerencias de todo tipo, en especial las del orden político. “Aquella pretensión [el pedido de Renovación Popular para cambiar las autoridades del sistema electoral] implica que el Congreso haga injerencia indebida en la autonomía de los organismos electorales y afecte su funcionamiento, lo que constituye un grave atentado contra la administración y la justicia electorales en el Perú”.
Otro motivo más del rechazo al pedido de Jorge Montoya es su inconstitucionalidad, ya que estaría violando el artículo 103, en el que se menciona que no pueden expedirse leyes por razón de la diferencia de personas, la Constitución no ampara el abuso del derecho.
El JNE cree pertinente hacer de conocimiento público este hecho a la comunidad nacional e internacional, ya que la Comisión IDH dictó una medida cautelar al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, luego de que el Estado intentara excluirlo por el supuesto fraude de elecciones, esta garantiza la continuidad de sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamiento o actos de violencia por ejercer sus funciones.
En consecuencia, el JNE espera que este pedido no sea aceptado bajo el argumento de reformas constitucionales, debido a que es ilegal.
