El Instituto Peruano del Deporte autorizó contrataciones directas por S/ 89 millones para la organización de los Juegos Bolivarianos, decisión que ha generado cuestionamientos por la falta de transparencia y la rapidez del proceso.
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la aprobación de contrataciones directas por un total de S/ 89 millones destinadas a la organización de los Juegos Bolivarianos. Lo que ha encendido las alertas es la rapidez del proceso: todas las asignaciones se realizaron en apenas 10 días y sin competencia entre proveedores.
Las decisiones fueron tomadas bajo el argumento de “urgencia” para cumplir con los plazos establecidos por el evento deportivo. Sin embargo, especialistas en gestión pública advierten que la ejecución acelerada de montos tan elevados, sin procesos abiertos ni comparativos, podría comprometer la transparencia y el correcto uso de los recursos del Estado.
Dentro del paquete de contrataciones figuran servicios logísticos, implementación técnica, equipamiento deportivo y organización operativa del evento. La falta de licitaciones públicas ha generado inquietud entre sectores que exigen que el IPD explique por qué se evitó la competencia entre empresas, un mecanismo clave para asegurar mejores precios y condiciones.
Además, algunas organizaciones civiles han solicitado que la Contraloría intervenga para verificar si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente, especialmente en lo referente a contrataciones excepcionales. Señalan que, si bien la organización de un evento internacional requiere eficiencia, esto no debería justificar procesos que limiten la fiscalización pública.
El IPD, por su parte, sostiene que actuó bajo los protocolos permitidos para eventos deportivos internacionales, y que cada contratación responde a necesidades urgentes para garantizar la realización adecuada de los Juegos Bolivarianos. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas favorecidas.
La discusión continúa, mientras voces del deporte y la sociedad civil solicitan mayor claridad en la gestión de los fondos públicos destinados a esta competencia internacional.
