Indecopi multa con más de S/202.000 a empresa por importar peluches de Pokémon sin licencia

La autoridad sancionó a un negocio peruano por vulnerar los derechos de autor de Nintendo al ingresar al país miles de productos no autorizados, ordenando además su confiscación definitiva.

Indecopi volvió a marcar una línea dura frente a la piratería y la vulneración de la propiedad intelectual en el país. Esta vez, el organismo multó con 37,86 UIT, equivalentes a más de S/202.000, a una empresa peruana que importó peluches de personajes de Pokémon sin contar con la licencia correspondiente de Nintendo.

Denuncia de Nintendo y detección de la infracción

La acción se inició tras una denuncia presentada por Nintendo, que alertó sobre la comercialización irregular de productos con diseños de personajes como Meowth, Snorlax y Charizard. Según la compañía japonesa, los artículos reproducían obras protegidas sin autorización, lo que motivó la intervención de Indecopi.

Como parte del proceso, se presentaron imágenes, documentos y la declaración aduanera que acreditaban el ingreso de la mercadería al país. La investigación avanzó hasta determinar la existencia de una infracción a los derechos de autor.

Resolución y sanción administrativa

De acuerdo con la Resolución N.° 813-2025/CDA-INDECOPI, el organismo concluyó que la empresa importó ilegalmente productos de Pokémon sin autorización del titular de los derechos. Por ello, además de la multa económica, se ordenó la confiscación definitiva de toda la mercadería incautada, la cual no llegó a comercializarse en el mercado nacional.

Durante las diligencias realizadas en junio de 2025, se detectaron 2.670 peluches sin licencia legal. El acta de inspección detalla la incautación de 900 unidades de Meowth, 720 de Snorlax y 1.050 de Charizard.

Importación ilegal, pero sin venta al público

La Comisión de Derecho de Autor precisó que la empresa vulneró el derecho de importación, al introducir productos no autorizados al territorio peruano con fines comerciales. Sin embargo, no se acreditó una infracción al derecho de distribución, ya que los artículos fueron incautados antes de ser puestos a la venta.

Por esta razón, la denuncia por distribución ilegal fue declarada infundada, aunque la sanción por la importación irregular se mantuvo firme, reforzando el precedente en la defensa de la propiedad intelectual en el país.

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