Si bien se han implementado normas como la Ley General de la Persona con Discapacidad y cuotas de empleo, la fiscalización es débil y las sanciones, escasas.
En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, la inclusión laboral ocupa un lugar central en el debate público. Sin embargo, en el Perú persisten brechas significativas: para miles de mujeres con discapacidad, en contextos rurales o fuera del sistema formal, acceder a un empleo digno sigue siendo una meta lejana. Detrás de los avances declarativos, subsisten barreras estructurales que limitan su autonomía y perpetúan su exclusión.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la brecha de género en el empleo se profundiza en condición de discapacidad o la ruralidad, dejando a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta desigualdad se refleja en la calidad del empleo, marcada por los altos niveles de informalidad en todos los contextos. Mientras en zonas urbanas la informalidad alcanza alrededor del 65,1%, en áreas rurales supera el 94%, lo que evidencia que el acceso a empleo formal sigue siendo limitado en el país. En el caso de las mujeres con discapacidad, esta situación es aún más crítica, con niveles de inserción formal prácticamente invisibilizados.
Barreras que persisten:
- El acceso al empleo formal sigue limitado por la falta de ajustes razonables en los espacios de trabajo y de procesos de selección inclusivos, más del 70% de personas con discapacidad están fuera del mercado formal, según INEI.
- Las mujeres rurales enfrentan doble exclusión: por género y por territorio, con escaso acceso a capacitación, conectividad y oportunidades económicas.
- La intersección entre discapacidad y género agrava la situación.
- El discurso de la responsabilidad social empresarial rara vez se traduce en prácticas concretas de contratación inclusiva, sostenibles en el tiempo.
- La problemática se agrava en contextos de violencia: las mujeres con discapacidad tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir violencia física, psicológica o sexual en comparación con aquellas sin discapacidad, según la ONU.
“Hablamos de inclusión, pero seguimos diseñando políticas desde una mirada homogeneizadora que no considera las realidades de quienes viven la exclusión de manera múltiple. No podemos seguir pensando en la mujer como una categoría única; necesitamos políticas con enfoque interseccional que realmente respondan a las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad, rurales o en contextos de pobreza”, señala Giannina Honorio, CEO de Incluedu y especialista en inclusión y discapacidad.
Avances que no llegan a todas
Si bien se han implementado normas como la Ley General de la Persona con Discapacidad y cuotas de empleo, la fiscalización es débil y las sanciones, escasas. En el ámbito privado, las iniciativas inclusivas suelen ser aisladas y dependen de la voluntad de cada empresa, sin mecanismos que aseguren su continuidad.
“La inclusión laboral no puede seguir siendo un eslogan. Necesitamos pasar de los compromisos simbólicos a acciones concretas: programas de formación accesibles, procesos de selección libres de sesgos y entornos laborales que valoren la diversidad como un activo. Mientras no transformemos la cultura organizacional, seguiremos excluyendo a quienes más lo necesitan”, agregó Honorio.
Este 8M, el desafío no es solo reconocer los avances alcanzados, sino cuestionar a quienes están llegando realmente. El cambio requiere un esfuerzo articulado entre Estado, empresas y sociedad para garantizar condiciones reales para que mujeres en toda su diversidad puedan acceder, permanecer y crecer en el ámbito laboral. La inclusión no puede esperar, y tampoco puede ser selectiva.
