Se ha dedicado a perseguir a los Estados que defienden a su población.
Por Antero Flores-Araoz
El nuevo Presidente del Consejo de Ministros en su primera exposición ante el Congreso sobre la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza, propuso respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) “la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho Sistema”.
Olvidó, o no quiso recordar, que el Congreso de la República ya se pronunció sobre dicho tema, luego de estudiar y evaluar las diversas posiciones habidas sobre el particular. La primera dejar las cosas como están, la segunda retirarnos del SIDH y la tercera crear una Comisión de Alto Nivel para elaborar el diagnóstico sobre el SIDH y las reformas que deben introducirse al mismo, para de ser el caso presentarlas a la OEA para su trámite. Esta última posición es la que adoptó el Congreso y que el Ejecutivo observó al considerar que ello atentaba contra la potestad de la Presidencia de la República de denunciar tratados, atribución que no se entorpecía.
Lo cierto es que no se requiere nuevas iniciativas legislativas ni estar volviéndose a revisar, estudiar, dictaminar y debatir nuevo proyecto legislativo, cuando bastaría o que el Ejecutivo se desista de su observación y proceda a promulgar y publicar la ley aprobada en el Congreso (hay antecedentes), o que este último de una vez por todas y sin más postergaciones, por insistencia vuelva a aprobar la ley y el mismo la promulgue.
No es ningún secreto que la mayoría de peruanos estamos hartos y hasta la coronilla con el SIDH, que con el correr de los tiempos ha dejado mucho que desear y se ha dedicado a acosar y perseguir a los Estados, supuestamente violadores de Derechos Humanos, cuando lo que hacen es defender a la población de los antisociales y delincuentes que tratan de tomar al Estado por la fuerza y hasta con actos de terrorismo, a los cuales las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas repelen con autoridad, más no reprimen como se les responsabiliza. Acusan de todo a los Estados y encima les ordenan pagar altísimas indemnizaciones que seguramente comparten con ONGs vinculadas a los DDHH.
No es cuestión de ponernos en la posición más rígida y salirnos del Sistema, sino hacer los correctivos que fuesen necesarios para continuar con dicha tarea que se inició en la propia OEA en el año 2007. El Sistema es necesario, pero con enmiendas, pues también se requiere de protección supranacional cuando gobiernos autoritarios atentan contra los Derechos Humanos, y sin olvidar que son los propios Estados quienes se pusieron la soga al cuello al proponer y nombrar a comisionados y magistrados en la Comisión y Corte Interamericana, que tenían sesgo inapropiado, lo que felizmente se está corrigiendo en los últimos tiempos con el nombramiento por ejemplo, de Alberto Borea Odría, como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No hay que perder más el tiempo, ya tenemos dos derroteros fáciles de tomar, y hay que hacerlo.
