Por Antero Flores-Araoz
El próximo año tendremos elecciones generales en el mes de abril y salvo algún milagro, tendremos segunda vuelta en el mes de junio, para lo cual la presidenta de la República ya convocó a dichas justas electorales, aunque con un par de semanas de anticipación.
Ante el desastre de las reformas electorales que fueron aprobadas en el desastroso gobierno de Martin Vizcarra y a instancias del mismo, que han conducido a la proliferación de partidos políticos, lo que nos lleva a tener en lugar de “cédula electoral” un sabañón, muchos hemos venido insistiendo en que los partidos de similar ideología, pensamiento y programas de gobierno formen alianzas.
Sea por una u otra razón, lo cierto es que hasta ahora no hay alianzas, habiéndose visto el Congreso urgido a ampliar el plazo para la formación y registro de aquellas.
Como alternativa viable para las alianzas, desde diversos sectores hemos sugerido que por lo menos las agrupaciones políticas de cercanía ideológica y programática, se pongan de acuerdo para en caso de llegar a ser gobierno, se comprometan a planes concretos de actuación.
En el Congreso las agrupaciones políticas están obligadas a ponerse de acuerdo, pues si es que no lo hacen, simplemente no hay votos suficientes para aprobar las reformas legislativas que se requieren para el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo del país, que lleve a la reducción de la pobreza y el aumento de puestos de trabajo.
Si ello se tendrá que hacer en el próximo Congreso ¿por qué no se puede hacer lo mismo anticipadamente a las elecciones por los partidos políticos?
La respuesta es claro que si y, tan prueba de ello es que el Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Partido Aprista Peruano (APRA), Fuerza Moderna y Unidad y Paz, con el respaldo de Fuerza Popular, han suscrito un documento denominado “Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad”, en que luego de un acertado diagnóstico, se comprometen con políticas públicas y determinadas acciones para llevarlas a cabo, en ánimo de combatir eficientemente a la delincuencia para mejorar la seguridad nacional y ciudadana para tener un país en paz con tranquilidad.
Pero el programa es mucho más ambicioso pues contiene propuestas para “cortar la cadena de valor de las economías ilegales”, como por ejemplo la minería ilegal y el narcotráfico entre otros.
También se propone alianza con la sociedad para combatir “las extorsiones y el gota a gota que se han vuelto sistémicos”, para todo lo cual se necesita la repotenciación de la Policía Nacional, labores de inteligencia y contrainteligencia, tecnología de última generación y, por supuesto la reforma del sistema de justicia penal, teniendo como componente la coordinación entre la Policía, los fiscales y los jueces, implementándose las unidades de flagrancia y resolviendo las carencias carcelarias, no solo en cantidad sino en calidad.
Hay además un “Plan de Emergencia” e incluso medidas de gestión.
Debemos felicitar a las agrupaciones políticas que han puesto a sus expertos en seguridad ciudadana, a debatir con sus similares de otros partidos, que luego de arduo diálogo respetoso, nos han dado un documento de gran valor que definitivamente ayudará su implementación para alcanzar la seguridad y tranquilidad de la población, que se ha perdido por deficiencias y populismos ya conocidos.
Como se puede acreditar ¡Si se puede! ¡Hay esperanza!
