Anuncian nueva norma, defensa de derechos laborales y solución a pasivos ambientales, pero el Ministerio Público brilló por su ausencia.
El Gobierno anunció la instalación de una mesa técnica de 60 días para atender el conflicto no resuelto de la minería informal, con participación de autoridades, gremios y sectores clave. La promesa es resolver “pacíficamente” un problema estructural que ningún gobierno ha querido o podido encarar con firmeza.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, lideró la sesión inicial junto a los ministros de Energía y Minas, Interior, y representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y gremios mineros. La mesa —que sesionará nuevamente el próximo viernes en Palacio de Gobierno— abordará cuatro temas principales:
- Seguimiento a los procesos aún pendientes del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
- Protección de los derechos laborales, de salud y educación de los trabajadores mineros.
- Elaboración de una nueva norma de formalización que favorezca al Estado, la ciudadanía y los mineros.
- Atención a los pasivos ambientales y cumplimiento del trabajo “en el ámbito de la ley”.
Pese a la voluntad de diálogo, llamó la atención la ausencia del Ministerio Público, una de las instituciones clave para fiscalizar el impacto legal, ambiental y criminal que muchas veces rodea a la minería ilegal. Arana justificó que no hay “ningún sesgo” y prometió invitar a ese sector más adelante.
El Ejecutivo insiste en que se trata de un problema heredado, pero evitó precisar cómo hará cumplir las leyes existentes sin ceder ante presiones gremiales. Por ahora, el Gobierno apuesta todo al diálogo y al consenso. Lo que falta es una ruta clara que muestre si esta mesa será una salida real o solo otra promesa dilatada.
