Ejecutivo publica Decreto Supremo que busca fortalecer la seguridad operativa, protección de víctimas y continuidad del servicio ante ola de extorsiones y sicariato.
El Poder Ejecutivo oficializó este domingo 18 de enero el Decreto Supremo N.º 009-2026-PCM, que establece disposiciones complementarias a la Ley N.º 32490, la norma extraordinaria aprobada en noviembre de 2025 para enfrentar la extorsión y el sicariato en empresas de transporte público de personas y de mercancías. La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano en respuesta a los reclamos de transportistas y tras varias semanas de atraso en su implementación.
El Ejecutivo, que había fijado un plazo para la normatividad, señala que este decreto representa un paso de “la defensiva a la ofensiva contra la delincuencia y el crimen organizado”, al consolidar acciones integrales de prevención, respuesta y recuperación ante ataques delictivos que afectan al sector transporte, estratégico para la economía y la movilidad nacional.
Medidas de prevención y seguridad operativa
Entre los principales puntos del decreto se encuentran:
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Prevención financiera y control de flujos: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisará el monitoreo de transferencias de recursos vinculadas a extorsión para detectar movimientos sospechosos.
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Evaluación de seguridad en rutas: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluará rutas, paraderos, terminales y vehículos para implementar medidas de seguridad operativa, incorporando tecnologías como cámaras y botones de pánico integrados al sistema C5i o sus equivalentes.
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Capacitación: Se establecerán planes de capacitación dirigidos a propietarios, conductores y cobradores para identificar y denunciar actos de extorsión y sicariato.
Respuesta inmediata y protección de víctimas
El decreto promueve una respuesta policial más efectiva, con la creación de centros de comando y patrullaje focalizado coordinados con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el acceso a sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y regionales. Se implementan mecanismos de protección para las víctimas, que incluyen:
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Reserva de la identidad del denunciante.
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Canal telefónico de orientación.
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Botón de pánico antiextorsión y atención inmediata.
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Patrullaje focalizado en zonas de riesgo.
Fase de recuperación y apoyo económico
El decreto también contempla medidas para la recuperación del servicio y apoyo económico a transportistas afectados. Se impulsará un fondo de riesgo y garantía estatal, financiado con bienes incautados al crimen organizado, para otorgar créditos blandos y compensaciones a empresas perjudicadas. Además, se incluye atención psicológica para víctimas, programas de reinserción laboral y la reparación de infraestructura mediante el programa “Ruta Segura Restablecida”.
Además, se refuerza la implementación de la extinción de dominio de bienes vinculados con extorsiones y la ejecución de investigaciones coordinadas con fiscales especializados y unidades policiales para desarticular organizaciones criminales.
Contexto
Estas disposiciones se anuncian en medio de una serie de protestas del sector transporte, como el paro de actividades en Lima y Callao denunciando atentados con explosivos y armas de fuego contra conductores y empresas de transporte. La Ley 32490, que ahora cuenta con estos dispositivos complementarios, busca dar una respuesta más sólida y operativa frente a la violencia criminal que afecta a trabajadores y usuarios del transporte.
