El premier Ernesto Álvarez descartó retomar el proyecto impulsado por Boluarte y Santiváñez, al considerarlo costoso e innecesario.
El Gobierno de José Jerí cerró definitivamente la puerta a la polémica propuesta de reabrir el penal El Frontón, planteada durante la gestión de Dina Boluarte y defendida por su exministro de Justicia Juan José Santiváñez.
“Es demasiado caro reconstruir El Frontón. Con ese dinero se pueden construir dos penales. Ya tenemos el terreno para el de Ica; solo hay que destrabar el proyecto y continuarlo”, afirmó el primer ministro Ernesto Álvarez en entrevista con Canal N, marcando distancia del proyecto heredado del anterior gobierno.
El exjefe del INPE, Javier Llaque, ya había advertido que el costo total del proyecto podría bordear los 5,000 millones de soles, cifra considerada desproporcionada para un penal que, además, enfrenta serios cuestionamientos por su viabilidad técnica y por la carga simbólica que arrastra desde los años 80.
La reapertura de El Frontón fue presentada por Santiváñez como una supuesta solución al hacinamiento carcelario, pero los especialistas coincidieron en que era una medida populista sin sustento operativo. Incluso el congresista Wilson Soto (Acción Popular) había presentado una iniciativa similar, también criticada por ignorar los costos y los estándares actuales en infraestructura penitenciaria.
El premier también marca distancia de la pena de muerte
Durante la entrevista, Álvarez también descartó que el Ejecutivo de José Jerí apoye la pena de muerte, otra de las banderas políticas de Santiváñez y Boluarte.
“El problema no se resuelve con sanciones drásticas. Lo ideal son penas efectivas y procesos penales breves, con fiscales y jueces que progresen por resultados y no por vínculos políticos o mediáticos”, declaró.
El premier precisó además que no existe debate dentro del Ejecutivo sobre un eventual retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH), tema que también fue promovido por el anterior gobierno bajo un enfoque punitivo extremo.
Con estas declaraciones, el gabinete de José Jerí marca una ruptura total con el discurso autoritario y populista heredado del régimen de Boluarte, y busca reorientar la agenda de seguridad hacia la eficacia judicial y la inversión penitenciaria racional.
