Gobierno borra el enfoque de género y desmonta la Educación Sexual Integral en las escuelas

El Congreso aprobó una reforma que elimina toda referencia al género en la ley peruana y obliga a reemplazar la ESI por un modelo alineado a criterios morales y biológicos.

Un golpe frontal a las políticas de igualdad

El Congreso dio un giro radical al aprobar la Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con sesenta y ocho votos a favor, dieciséis en contra y cinco abstenciones. La norma reemplaza totalmente la Ley 28983 y elimina cualquier referencia al enfoque de género, lo que implica que conceptos como equidad de género, violencia de género o igualdad de género pierden validez normativa y deberán reinterpretarse bajo un nuevo esquema estatal. Todas las entidades públicas tendrán un año para reescribir sus lineamientos y documentos oficiales con este enfoque único que reduce la interpretación a la relación entre mujeres y hombres. Para su autora, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, se trata de una corrección necesaria para evitar lo que considera distorsiones ideológicas, aunque especialistas advierten que esta reforma borra herramientas claves para identificar desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y menores.

Reacciones críticas ante un retroceso anunciado

La exministra de la Mujer Diana Miloslavich calificó el cambio como un retroceso evidente. Según declaró, eliminar categorías vinculadas al género equivale a regresar a políticas de hace casi dos décadas que desatendían la protección efectiva de derechos. Señaló que se deja sin instrumentos a quienes trabajan en instituciones públicas encargadas de la igualdad y también a universitarias y escolares que dependen de políticas robustas. Para organizaciones y expertos en derechos humanos, la reforma consolida una ruta que desarma avances en prevención de violencia, atención a víctimas y reducción de brechas de género.

El reemplazo de la Educación Sexual Integral abre un escenario incierto

El punto más polémico es la eliminación de la Educación Sexual Integral del marco legal. La nueva norma ordena al Ministerio de Educación crear un modelo alternativo basado en criterios científicos, biológicos y éticos definidos por el Estado y alineado con las convicciones morales de los padres de familia. Críticos advierten que esta orientación puede restringir temas sensibles como diversidad, prevención de violencia y protección de menores, lo que dejaría la formación escolar sujeta a interpretaciones conservadoras sin un marco unificado. Con este cambio, el país entra a una etapa de reconfiguración profunda de sus políticas de igualdad y de la enseñanza sexual, cuyos efectos se verán a medida que el Ejecutivo implemente los lineamientos obligatorios.

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