Dina Boluarte observó la norma aprobada por el Congreso y la devolvió a la Comisión de Economía, alegando que rompe la uniformidad del sistema previsional y genera gasto inconstitucional.
El Ejecutivo observó la ley que otorgaba una pensión mensual de S/3300 a los docentes cesantes y jubilados. La presidenta Dina Boluarte remitió el oficio N° 284-2025-PR al Congreso, devolviendo la autógrafa aprobada con 66 votos en segunda votación, dentro del plazo reglamentario de 15 días.
Según el Gobierno, la norma genera un “régimen paralelo” al establecer un tratamiento excepcional para los maestros, lo que —según argumenta— rompe la uniformidad de los sistemas previsionales. Además, señala que la medida vulnera la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que prohíbe la nivelación de pensiones con remuneraciones de trabajadores activos.
El Ejecutivo también cuestionó que la ley implique una iniciativa de gasto público, una facultad exclusiva del Gobierno, y subrayó que su deber es mantener un manejo fiscal prudente y disciplinado.
Por su parte, la congresista Flor Pablo, autora del proyecto, criticó la decisión y señaló que el documento del Ejecutivo “no plantea ninguna alternativa para mejorar la situación de abandono de los maestros cesantes y jubilados”. Agregó que las observaciones “cierran toda posibilidad de mejorar sus pensiones”.
La autógrafa volverá a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para su evaluación.
