Premier Luis Arroyo afirmó que el financiamiento de USD 2.000 millones provendrá de deuda privada internacional con garantía estatal y administración de ProInversión.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el nuevo rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú no utilizará recursos directos del Tesoro Público ni dinero de los contribuyentes.
Según explicó el premier, el Gobierno aprobó la creación de un vehículo de propósito especial administrado por ProInversión, el cual permitirá canalizar financiamiento internacional proveniente de bancos privados y entidades financieras extranjeras.
La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia 003-2026 y busca garantizar la continuidad operativa de Petroperú ante la crisis financiera que atraviesa la empresa estatal y el riesgo de desabastecimiento de combustibles en distintas regiones del país.
Arroyo precisó que los fondos serán obtenidos mediante deuda privada respaldada con garantía estatal y con un esquema de pago diferido a siete años. Además, indicó que aproximadamente USD 500 millones estarían disponibles de manera inmediata para cubrir necesidades urgentes relacionadas con la compra de crudo y abastecimiento energético.
El Ejecutivo sostiene que este mecanismo financiero no incrementará directamente la deuda pública ni implicará desembolsos inmediatos del Estado, aunque diversos economistas han advertido que las garantías soberanas sí podrían representar riesgos fiscales futuros en caso Petroperú incumpla sus obligaciones.
La petrolera estatal enfrenta actualmente una compleja situación económica marcada por millonarias pérdidas, elevada deuda financiera y problemas operativos vinculados principalmente a la Refinería de Talara, cuyo proceso de modernización superó los USD 6.000 millones.
En los últimos años, Petroperú ha recibido distintos apoyos financieros por parte del Estado para evitar una paralización de sus operaciones y asegurar el suministro de combustibles en el país. El debate sobre nuevos rescates continúa generando posiciones divididas entre especialistas, sectores políticos y organismos económicos.
