El Ejecutivo autorizó una contratación directa a favor del expresidente, pese a las recientes medidas de austeridad dictadas por el propio Gobierno.
El Ejecutivo destinó S/291,600 para financiar la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso penal que enfrenta por el caso Gasoducto Sur Peruano, donde se le acusa de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Según RPP, la contratación directa fue gestionada por el Despacho Presidencial el último viernes, apenas un día después de aprobarse un decreto de urgencia que ordena austeridad y eficiencia en el gasto público.
Contratación directa y alcance del servicio
El contrato tiene como objetivo cubrir la defensa técnica de Humala durante la etapa intermedia del proceso ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Incluye la gestión de antecedentes, análisis del caso, asesoramiento integral, ejecución de mecanismos de defensa y acompañamiento en diligencias y audiencias. Pese a las restricciones presupuestarias anunciadas, el Estado asumirá estos costos bajo el argumento de que los hechos imputados ocurrieron durante su mandato.
Solicitud del exmandatario y aval del Ejecutivo
RPP reveló que Humala solicitó la defensa estatal el 11 de agosto de 2025. Su pedido fue aprobado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que consideró que los delitos atribuidos, vinculados a presuntos beneficios ilícitos al Consorcio Odebrecht durante la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, corresponden a decisiones tomadas mientras ejercía la presidencia. En consecuencia, se determinó la “procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal”.
Resolución y ejecución del gasto
El 19 de agosto, el subsecretario general del Despacho Presidencial, Ysmael Mayuri Quispe, firmó la Resolución N.° 000075-2025-DP/SSG, que autorizó formalmente la contratación. A partir de ese documento, se ordenó a la Oficina General de Administración ejecutar los gastos correspondientes para cubrir los honorarios de los abogados encargados de representar al exmandatario.
Contexto y contradicciones
La decisión del Ejecutivo genera controversia, ya que coincide con la publicación del decreto que advierte sobre el incremento del gasto público y el déficit fiscal. El mismo Gobierno que exige austeridad destina recursos públicos a costear la defensa de un expresidente ya sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos a sus campañas de 2006 y 2011.
