El saliente presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, afirmó que se evitó que el Instituto de Defensa Legal (IDL) desactive a la entidad, en medio de una intensa controversia institucional y desafíos legales sobre la independencia del órgano encargado de evaluar y sancionar a magistrados.
El saliente presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, señaló que se logró impedir que el Instituto de Defensa Legal (IDL) “desactive” la institución, en referencia a los intentos de anular el proceso de selección de sus miembros y debilitar las funciones del organismo.
Ríos, quien culmina su gestión este mes, sostuvo que durante su mandato enfrentó presiones externas, cuestionamientos mediáticos y procesos judiciales que buscaban poner en entredicho la operatividad y autonomía de la JNJ, la cual es responsable de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales.
Una de las acciones en trámite fue una demanda de amparo promovida por el IDL y otras partes para anular el concurso público mediante el cual se eligieron a los actuales miembros de la JNJ, y que también buscaba la conformación de una nueva comisión especial. Según Ríos, dicho intento fue contenido en salvaguarda de la estabilidad institucional.
La situación se produce en un contexto de alta tensión entre órganos de control sobre el sistema de justicia peruano, que incluye también debates sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales y la interpretación de sus efectos.
Ríos defendió el accionar de la JNJ frente a lo que describió como presiones y destacó que las decisiones adoptadas por la Junta se sustentaron en criterios técnicos y legales, respetando la Constitución y los principios de independencia judicial.
