El Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas la derogación de una norma que permitió suspender el cobro de peajes en determinados casos. La iniciativa busca dar mayor seguridad jurídica a las concesiones viales y evitar nuevos conflictos en la infraestructura de transporte.
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó una propuesta para derogar la ley que, en los últimos años, generó malestar en el sistema de peajes del país al permitir la suspensión del cobro en determinadas circunstancias. La medida forma parte del proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo remitirá al Congreso y busca reformar regular las concesiones de infraestructura vial.
Según el planteamiento del Ejecutivo, la norma vigente ha generado incertidumbre jurídica para el desarrollo de proyectos de inversión en carreteras, al afectar el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión. La propuesta sostiene que la eliminación de esta legislación permitirá fortalecer la estabilidad de las inversiones y garantizar la continuidad de las obras y del mantenimiento de las redes viales.
La ley cuestionada cobró notoriedad porque fue utilizada como sustento para suspender el cobro de peajes en algunos tramos del país cuando las vías concesionadas no cumplían determinadas condiciones de transitabilidad o presentaban interrupciones. Asimismo, El Ejecutivo considera que la derogación permitirá modernizar el sistema de peajes y brindar reglas claras para futuros proyectos de infraestructura, reduciendo el riesgo de controversias legales.
La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso en el marco del debate sobre el pedido de facultades legislativas. Mientras tanto, especialistas señalan que cualquier modificación al régimen de peajes deberá equilibrar la seguridad jurídica de las concesiones con la protección de los derechos de los usuarios y la adecuada prestación del servicio en las carreteras del país.
