La Fiscalía de la Nación anunció la formalización de investigación preparatoria contra un grupo de exdirectivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), señalados de haber cometido presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento que culminó con la denegatoria a la Universidad Alas Peruanas (UAP) en 2019.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los funcionarios habrían incurrido en abuso de autoridad, omisión de funciones y decisiones arbitrarias, lo que habría generado un perjuicio directo a la institución educativa y a miles de estudiantes que cursaban estudios en dicha casa superior.
La Universidad Alas Peruanas, en reiteradas oportunidades, sostuvo que presentó la documentación técnica y planes de adecuación exigidos por la Sunedu, pero que estos no fueron valorados de manera objetiva. Tras la decisión, la UAP se vio obligada a suspender admisiones, cerrar filiales y reubicar a miles de jóvenes en otras universidades, generando un fuerte impacto académico, económico y social.
El proceso de licenciamiento universitario en el Perú, implementado bajo la Ley Universitaria, buscaba garantizar estándares mínimos de calidad en infraestructura, plana docente y gestión institucional. Sin embargo, el caso de la UAP se convirtió en uno de los más polémicos al ser considerada la universidad privada más grande del país en número de alumnos en aquel momento.
La Fiscalía señaló que esta formalización permitirá recopilar mayores pruebas, citar testigos y revisar exhaustivamente las resoluciones administrativas que sustentaron la denegatoria. Asimismo, no se descarta que en los próximos meses se amplíen las investigaciones hacia otros exfuncionarios involucrados en el proceso de supervisión universitaria.
Mientras tanto, representantes de la UAP y de asociaciones de exalumnos exigen una reparación integral y la revisión de las decisiones adoptadas, argumentando que se afectaron derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el acceso a la educación superior.
El caso continúa en etapa de investigación y se espera que el Poder Judicial defina, en el corto plazo, si corresponde abrir proceso penal contra los exdirectivos de Sunedu.
