Dirigentes y analistas políticos piden que el Ministerio Público actúe de oficio ante las múltiples contrataciones de militantes de Somos Perú en el Estado tras la asunción de José Jerí, señalando ausencia de meritocracia y posibles irregularidades administrativas.
Dirigentes políticos y analistas han vuelto a exigir que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación de oficio sobre las recientes contrataciones de militantes del partido Somos Perú en entidades del Estado desde que José Jerí asumió la Presidencia de la República tras la crisis política en el país.
Un reportaje periodístico reveló que al menos una docena de militantes de Somos Perú, muchos de ellos sin experiencia en la función pública, sin títulos superiores registrados o incluso sin estar inscritos como proveedores públicos, han sido contratados en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables bajo la gestión de la ministra Sandra Gutiérrez Cuba, también militante de ese partido.
Las críticas se centran en que estas contrataciones habrían favorecido a afiliados por afinidad política más que por criterios de idoneidad, lo que ha llevado a que algunos opinadores y exfuncionarios consideran que este comportamiento convierte al partido en una especie de “agencia de empleos”.
El excongresista Juan Sheput, ahora postulante al Senado, calificó la situación como un desprestigio para el gobierno de transición y afirmó que la Fiscalía debería actuar de oficio por las presuntas contrataciones irregulares, señalando que “se están repartiendo contratos a diestra y siniestra a gente que no lo merece”.
El pedido surge en medio de denuncias y cuestionamientos más amplios sobre la transparencia en las designaciones públicas desde la llegada de Jerí al poder, incluidas investigaciones fiscales previas sobre contrataciones en el Despacho Presidencial ligadas a personas que mantuvieron vínculos con altos funcionarios antes de ser contratadas.
El llamado a la Fiscalía de la Nación se suma a otras voces que piden fortalecer los mecanismos de control y asegurar que las contrataciones en el sector público respeten principios de mérito, transparencia y equidad, especialmente en contextos de alta sensibilidad política y social.
