Delia Espinoza presentó ante la Corte Suprema un requerimiento para declarar ilegal al fujimorismo, alegando conductas antidemocráticas. Keiko Fujimori denunció un “ataque político”.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Según el Ministerio Público, el fujimorismo ha incurrido en conductas antidemocráticas, entre ellas ataques a magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos y periodistas. Además, se le imputa persecución contra personas por su cargo, posición política o profesión, así como la exclusión de militantes disidentes y la promoción de la violencia como método para alcanzar objetivos políticos.
La acción se originó en una denuncia ciudadana interpuesta en marzo de 2025 y fue sustentada con pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema evaluará el pedido.
La respuesta de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reaccionó con dureza y acusó a Espinoza de usar su cargo para fines políticos. “Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, cuestionó en su cuenta de X.
Fujimori recordó que la fiscal enfrenta un proceso de suspensión en la Junta Nacional de Justicia, y denunció que este tipo de acciones son “cortinas de humo” para encubrir la ineficacia en la lucha contra la delincuencia.
El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, también criticó la medida, señalando que “la Fiscalía toma partido” y que este pedido coincide con el inicio del proceso electoral. Aseguró que se trata de un intento por afectar la participación del fujimorismo rumbo a los comicios de 2026.
Contexto político
El pedido de Espinoza se presenta en medio de un clima de confrontación entre el Ministerio Público y Fuerza Popular, a pocos meses de las elecciones generales. Mientras la Fiscalía sustenta su requerimiento en la Ley de Organizaciones Políticas, la oposición denuncia un ataque directo a la democracia y alerta sobre un eventual uso político de la justicia.
