El congresista Alejandro Muñante Barrios presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley 26519 para impedir que los expresidentes que hayan sido vacados por el Congreso reciban la pensión vitalicia que actualmente otorga el Estado a quienes culminan su mandato.
El proyecto plantea la incorporación de un artículo 2‑A, que establece que ningún exmandatario destituido por incapacidad moral, renuncia, destitución por infracción constitucional u otras causales de vacancia podrá acceder a este beneficio. Según el legislador, la pensión vitalicia debe ser un reconocimiento honorífico exclusivo para quienes cumplieron su mandato de manera legítima y respetando la Constitución.
La propuesta surge luego de la polémica generada por el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones, vacado en 2022, quien actualmente reclama el cobro de su pensión vitalicia. El legislador argumenta que mantener estos pagos a exmandatarios removidos por el Congreso representa un gasto innecesario y premia la ruptura institucional.
El proyecto también cuenta con el respaldo de destacados juristas, como Óscar Urviola Hani, Víctor García Toma y Aníbal Quiroga, quienes consideran necesario limitar los beneficios económicos a mandatarios que no concluyeron su periodo constitucional.
Según el texto del proyecto, esta medida no generará costos adicionales al Estado; por el contrario, busca reducir gasto público y prevenir futuros litigios relacionados con pensiones injustificadas. Asimismo, el legislador destacó que la iniciativa se alinea con los principios de ética, transparencia y lucha contra la corrupción, promovidos en el marco del Acuerdo Nacional.
De ser aprobada, la ley establecerá un precedente histórico en la regulación de beneficios para expresidentes, reforzando la responsabilidad política y la rendición de cuentas de los altos mandos del país.
