El candidato presidencial por el Partido Frente de la Esperanza planteó que altos funcionarios, incluidos jueces, fiscales y parlamentarios, no deben gozar de inmunidades ni beneficios especiales si infringen la ley, y propuso reformas constitucionales y legales para garantizar sanciones iguales para todos los ciudadanos.
El candidato presidencial Fernando Olivera Vega, del Partido Frente de la Esperanza, presentó una propuesta de reforma legal y constitucional destinada a eliminar los “privilegios” que actualmente protegen a las altas autoridades del Estado frente a la acción de la justicia. En una entrevista con Exitosa Noticias, Olivera afirmó que para fortalecer el Estado de derecho y atacar la corrupción en el Perú es necesario que todos los funcionarios, sin excepción, respondan ante la ley como cualquier ciudadano común si cometen un delito.
Olivera indicó que los beneficios como la inmunidad presidencial, parlamentaria y el antejuicio político han sido utilizados en ocasiones para proteger a autoridades investigadas, lo que —a su juicio— alimenta la impunidad y deteriora la confianza pública en las instituciones. En ese sentido, propuso eliminar estas figuras jurídicas para que, cuando altos funcionarios sean acusados de algún ilícito, puedan ser investigados y sancionados sin barreras legales adicionales.
La propuesta se enmarca dentro de lo que Olivera llama la “Ley Patriota”, una iniciativa más amplia de reforma del sistema de justicia y del ejercicio del poder político que también incluye la revocación de mandato para presidentes y congresistas en caso de incumplimiento de promesas electorales. Según el político, esta medida permitiría que la rendición de cuentas política y legal sea más directa y efectiva, evitando que altos cargos queden exentos de responsabilidad por sus actos.
El exministro de Justicia también manifestó que su plan contempla una profunda renovación al interior del sistema judicial, reduciendo edades de jubilación para facilitar el ingreso de profesionales más jóvenes e impulsar la meritocracia, así como acabar con beneficios especiales que considera injustificados para jueces, fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional y otros titulares de altos cargos.
Las declaraciones de Olivera se dan en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la percepción de impunidad y laxitud en la persecución de delitos cometidos por autoridades de alto rango, en medio de una crisis de confianza en el sistema político y judicial peruano. Su propuesta ha generado debates entre analistas políticos sobre la viabilidad y los efectos que tendría la eliminación de figuras como la inmunidad parlamentaria o el antejuicio, especialmente en términos de equilibrio de poderes y protección de las funciones institucionales.
