Los allegados de 12 personas detenidas durante la segunda vuelta electoral denunciaron presuntas irregularidades en las intervenciones y aseguraron que algunos de los investigados habían alertado previamente sobre supuestas anomalías en las actas de votación.
La detención de 12 personas por presuntas irregularidades en actas electorales durante la segunda vuelta presidencial ha generado cuestionamientos por parte de familiares y abogados de los intervenidos, quienes denuncian que el procedimiento no habría respetado plenamente las garantías correspondientes.
Según la Policía Nacional, los detenidos —entre los que figuran miembros de mesa y personeros— fueron trasladados a la División de Investigación de Delitos contra el Estado para continuar con las investigaciones relacionadas con una supuesta adulteración de actas electorales.
Los familiares sostienen que algunos de los intervenidos habían reportado previamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la existencia de actas presuntamente marcadas o con observaciones, por lo que consideran que las detenciones deben ser esclarecidas.
Asimismo, denunciaron que varias personas permanecieron durante horas sin contar con defensa legal efectiva y reclamaron una mayor presencia de representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales para supervisar el procedimiento.
Por su parte, las autoridades han señalado que las investigaciones continúan y que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con los hechos detectados durante la jornada electoral.
El caso se produce en medio de un ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, lo que ha incrementado la atención pública sobre la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.
