Centenares de miles de personas viven apretujadas y sedientas de servicios.
La creciente dificultad para comprar viviendas por el alza de precios y la irrupción de cambios demográficos que incrementan la demanda precarizó la vida en las ciudades de América Latina y el Caribe, donde reside 82 % de sus habitantes.
En esta región de 663 millones de personas existen 74 ciudades con más de un millón de habitantes y entre ellas hay nueve urbes donde viven más de cinco millones. Un 44 % de latinoamericanos y caribeños habitan urbes con más de 500 000 personas.
En los últimos años nuevamente creció en estas ciudades la informalidad de las viviendas y simultáneamente el nivel de hacinamiento en un cóctel que aumenta las dificultades de acceso a trabajos e impacta la vida de cuidadoras de niños y adultos mayores.
“Hay países con particularidades como Costa Rica donde un número importantísimo de sus viviendas, cuatro de cada cinco, fueron construidas con apoyo del Estado. Pero en el resto de la región buena parte de las construcciones son informales”, explicó Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“En gran cantidad de países de la región estamos viendo un crecimiento de asentamientos precarios y una disminución en la tasa de los hogares que son propietarios de sus viviendas”: Diego Aulestia.
Eso significa que “las personas se asientan en suelos de riesgo y sin acceso a servicios públicos”, añadió a IPS en la sede del organismo en Santiago de Chile.
Este experto de origen ecuatoriano apunta que si bien el proceso de informalidad es histórico en la región, el problema es que volvió a desmejorar tras una pausa con indicadores estables.
“En gran cantidad de países de la región estamos viendo un crecimiento de asentamientos precarios y una disminución en la tasa de los hogares que son propietarios de sus viviendas”, aseveró.
Como ejemplo citó a Chile que registró un incremento en la población que vive en ese tipo de asentamientos, localmente conocidos como campamentos, sin acceso a agua potable, luz ni servicios de alcantarillado. “En Chile los asentamientos precarios crecieron en alrededor de 68 % entre 2019 y 2022¨, indicó.
Detrás están varios factores, como el encarecimiento de las viviendas, que comenzó con la pandemia de covid, cuando subieron fuertemente los materiales de construcción.En coincidencia, aumentaron el precio del suelo y las tasas de interés de los créditos hipotecarios, acentuando la tendencia al alquiler de viviendas.
“En la región tenemos una disminución en el número y en la proporción de hogares que son propietarios de sus viviendas. Hoy hay un mayor porcentaje de gente que alquila su vivienda respecto a una década atrás”, resumió Aulestia.
El incremento de las tasas de interés marginó el acceso a crédito de la clase media, que ya era prohibitivo para sectores pobres.Simultáneamente la región vive un cambio demográfico con aumento de personas mayores, hogares monoparentales y familias reducidas.
En la mayoría de los países de América Latina más de 10 % de sus hogares son familias de una sola persona, situación muy diferente a dos décadas atrás con hogares de cuatro personas.
“Hay cada vez más hogares unipersonales lo que modifica los patrones de demanda de viviendas y la construcción no ha respondido adecuadamente. Esa es una tarea pendiente”, aseveró el jefe de Asentamientos Humanos de la Cepal.
Centenares de miles de personas viven apretujadas y sedientas de servicios en las diferentes laderas de Petare, en el extremo este de Caracas, la mayor barriada informal de Venezuela y según diferentes expertos también de América Latina. De Petare también han salido hacia otros países miles de venezolanos, dentro de un éxodo que se acerca ya a ocho millones de personas y tiene como gran destino a los vecinos latinoamericanos. Imagen: Humberto Márquez / IPS
La migración incrementó la demanda de casas en varios países y es otra causa de la crisis regional de la vivienda.
La región vive una explosión de migración intrarregional desde la segunda década del siglo y solo entre 2010 y 2020 creció en 83,2 %, al pasar de 5,3 millones a 11,3 millones de personas, según datos de las Naciones Unidas. Venezuela, Haití y Nicaragua son los principales expulsores y Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana y Brasil los mayores receptores.
Como antes se produjo un éxodo masivo del campo a las ciudades, generando un déficit de vivienda mal solventado con cronificación de los asentamientos informales, los migrantes de este siglo buscan de manera creciente un mejor futuro entre sus países vecinos, empujados por la violencia política y delictiva, los desastres climáticos y la falta de oportunidades en sus lugares de nacimiento.
En Chile en 2017 casi 80 % de la población migrante vivía como arrendataria mientras a nivel nacional esa condición solo la tenía 18 %. Paralelamente, la población en campamentos creció intensamente y en 2022, 40 % de quienes habitaban en asentamientos precarios eran migrantes.
En Costa Rica en ese mismo año más del 50 % de los migrantes vivían en alquiler, muy por encima de 18 % de los nacionales que arrendaban. Ese mismo año un migrante tenía cinco veces más probabilidad de estar en condición de hacinamiento.
“Muchos migrantes se instalan en zonas susceptibles de ser inundadas o expuestas a deslizamientos y, además, alejadas, lo que dificulta su acceso a opciones laborales”, detalló Aulestia.
El especialista remarcó que «las condiciones habitacionales tienen una íntima relación con las condiciones de bienestar de los hogares. Está probado que el hacinamiento es perjudicial para el rendimiento escolar de los niños. En la pandemia claramente hubo una relación entre el hacinamiento y las condiciones de salud».
«Cuando hablamos de las condiciones de vivienda, del acceso a servicios públicos, de la infraestructura y de movilidad son situaciones que están afectando el bienestar de los individuos y las economías nacionales», detalló.
Para enfrentar la crisis Aulestia plantea, entre otras medidas, la urgencia de incrementar la oferta de suelos para construir viviendas sociales y, simultáneamente, sumar nuevos recursos para políticas de vivienda.
“Una idea es modificar el cambio de uso de los suelos a fin de valorarlos y con ello obtener una cifra para financiar viviendas sociales. Otras alternativas son crear bancos de suelos y destinar subsidios para arriendo”, planteó.
