Granadas y fusiles fueron detectados en una encomienda que llegó desde la selva. Cuatro personas intervenidas. ¿A cuántas más protege el silencio?
La guerra silenciosa que vive el Perú se carga en cajas de fruta. En el terminal terrestre de Los Olivos, agentes de la Dirandro y la UDEX de la Policía Nacional incautaron granadas y fusiles cuidadosamente ocultos en una encomienda de plátanos proveniente de la selva peruana. Cuatro personas fueron intervenidas, pero el mensaje es claro: las mafias se arman mientras el Estado mira hacia otro lado.
El operativo se ejecutó en la cuadra 38 de la avenida Alfredo Mendiola, donde un equipo especializado de explosivos tuvo que desactivar una granada en pleno local, desatando el pánico entre choferes, trabajadores y pasajeros. La encomienda fue intervenida tras detectarse irregularidades en el peso y contenido.
Los artefactos explosivos estaban preparados para ser enviados a Lima Metropolitana, donde —según inteligencia policial— organizaciones criminales pretendían utilizarlos para fortalecer sus estructuras delictivas. La PNP encapsuló el explosivo en una llanta para evitar una tragedia mayor.
¿Quién arma a los delincuentes?
Este hallazgo no es un hecho aislado. Mientras las autoridades intentan maquillar estadísticas, la capital se ha convertido en el nuevo almacén del crimen organizado. El tráfico de armas ya no se esconde en puertos ni fronteras: viaja en buses interprovinciales, disfrazado de fruta tropical.
El silencio institucional frente a esta realidad alimenta la impunidad. El ingreso de armamento bélico a Lima no se produce sin complicidades. ¿Quién financia estas operaciones? ¿Quién las protege? ¿Cuántos políticos, policías o funcionarios hacen la vista gorda?
