Expertos internacionales trazan desde Lima una nueva agenda legal para el medio ambiente

Más de 50 expertos nacionales e internacionales se reunieron en Lima para debatir los principales desafíos del derecho ambiental, en el marco del 22° Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la IUCN. El evento fue escenario de pronunciamientos clave sobre la actual agenda ambiental y jurídica del país, como la constitucionalidad del proceso de formalización minera.

El reciente Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se consolida como un foro de referencia para el debate jurídico-ambiental en América Latina. Por primera vez, delegaciones de los cinco continentes se dieron cita en el Perú para analizar los principales retos vinculados al cambio climático, la transición energética y la defensa de los derechos humanos.

El evento, organizado en colaboración con la Universidad Científica del Sur, contó con la participación de más de 50 panelistas, entre ellos autoridades como Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional; Lucía Ruiz, exministra del Ambiente; Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, y Gabriel Quijandría, director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Sudamérica. También participaron destacados catedráticos internacionales, como Olivia Giordano, de la Universidad de Niza; Amanda Kennedy, de la Universidad Tecnológica de Queensland y la Universidad de Melbourne; y Meng Wang, de la Universidad de Maastricht, entre otros.

Durante sus intervenciones, los ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del derecho como herramienta de transformación frente a la crisis ambiental, así como avanzar en compromisos concretos hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos, asumidos por los Estados a nivel global con miras a 2030, implica una responsabilidad compartida para garantizar un ambiente saludable y justo para las futuras generaciones.

En esa línea, Achinthi Vithanage, panelista del evento y directora del Environmental Law Program de Pace University (EE. UU.), enfatizó que “en momentos de crisis climática como la que vivimos, los Estados deben legislar con una mirada ética y de largo plazo. No hay democracia sin sostenibilidad”.

A partir de las exposiciones y debates desarrollados durante el coloquio, surgieron propuestas clave para fortalecer la respuesta jurídica del país frente a la crisis ambiental global:

  • Impulsar marcos regulatorios climáticos que protejan los derechos humanos: promoviendo una legislación que priorice tanto la sostenibilidad como la justicia social, considerando la necesidad de contar con un ambiente sano y equilibrado, el cumplimiento de los compromisos ambientales que tiene el estado peruano y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
  • Acelerar la transición energética con enfoque en pueblos indígenas: promoviendo inversiones sostenibles con energías limpias que reduzcan la explotación indiscriminada de los recursos naturales y, al mismo tiempo, garanticen la protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Cabe destacar que el uso de energías renovables permitirá reducir el impacto ambiental y contribuir al cuidado de la biodiversidad, en la cual el Perú es especialmente rico. Esto podría beneficiar en un 55 % la protección del medio ambiente.
  • Promover la actuación de las clínicas jurídicas ambientales en universidades: permiten articular la investigación académica con las necesidades reales de las comunidades, brindando soluciones legales desde el entorno universitario. Un ejemplo destacado es la Clínica de Litigación Ambiental Científica de la Universidad Científica del Sur, que, junto con sus estudiantes, ha impulsado diversas iniciativas ante las autoridades, entre ellas resalta el informe jurídico “Guardianes de las Áreas Naturales Protegidas”, utilizado como insumo para la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques por el Congreso de la República.
  • Fortalecer la Institucionalidad ambiental nacional: buscando establecer planes, protocolos, normativa y políticas públicas que respondan a mitigar y/o prevenir los impactos negativos ocasionados al ambiente y sus componentes en beneficio de la sociedad con miras a lograr la sostenibilidad.
  • Adecuar la normativa para afrontar la triple crisis ambiental: promoviendo un enfoque basado en la conservación de los ecosistemas buscando reforzar el cumplimiento de la normativa para hacer frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En concordancia con estas propuestas, Andrés Dulanto, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, sostuvo que “el coloquio no solo consolida al Perú como un referente en la reflexión jurídica ambiental a nivel internacional, sino que también impulsa la colaboración académica global y refuerza el compromiso con una agenda alineada a los desafíos del siglo XXI, destacando que, desde la academia, el análisis del derecho debe orientarse a generar transformaciones reales y a la defensa de los derechos de las personas y del planeta”.

Por su parte, uno de los aportes más contundentes del coloquio fue el de Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, quien alertó sobre los riesgos de debilitar el marco legal ambiental en favor de intereses particulares. Durante su intervención, remarcó que el orden jurídico debe estar orientado a la sostenibilidad y al interés público, y advirtió que medidas como la reciente prórroga del proceso de formalización minera podrían comprometer tanto la seguridad jurídica como la protección ambiental en el país.

Acción concreta desde el derecho

Como resultado del intercambio generado en el coloquio, el abogado Rolando García Castillo, egresado de la Universidad Científica del Sur, anunció la presentación de una demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N.° 012-2025-EM, que prorrogó el proceso de formalización minera. Esta medida reafirma el rol del encuentro como un espacio que no solo promueve el debate jurídico, sino que también impulsa acciones legales concretas en defensa del medio ambiente.

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