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Especialista en contrataciones: “En el Perú cualquiera puede contratar con el Estado sin acreditar experiencia real en el mercado”

  • Las dos empresas encargadas del mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez no pasaron por un proceso de licitación pública.
  • Órdenes de servicio solicitadas por Corpac se han excluido del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones.

La falta de filtros al momento de seleccionar proveedores de bienes y servicios para el Estado puede generar serios cuestionamientos a los procesos públicos. Este sería el caso de las dos empresas contratadas por Corpac para realizar el mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, las cuales fueron seleccionadas a través de una orden de servicio.

“El problema de este tipo de contrataciones es que no existe una selección adecuada de proveedores pues no se consignaron términos de referencia para elegir a un proveedor, es una selección a dedo”, explica Jorge Burga, abogado especializado en contratación con el Estado y arbitraje. “Lo que enciende las alarmas es que las empresas contratadas, aparentemente, no tienen una trayectoria en el mercado. Sin embargo, son las que terminan realizando el mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto más importante del país,” agregó.

Ambas empresas figuran dentro del Registro Nacional de Proveedores, administrado por OSCE. Para acceder a este registro, basta realizar un proceso de inscripción que es sencillo de efectuar y para el cual los requisitos pasan por llenar un formulario, pagar una tasa y esperar dos días hábiles, para lograr la habilitación que te permita ser postor y eventualmente contratar con el Estado Peruano.

“En el Perú cualquiera puede contratar con el Estado. Si observamos a detalle, todos los casos de incumplimientos y de obras mal ejecutadas presentan la misma constante: un proveedor o contratista con un domicilio fraudulento y sin experiencia en su rubro”, señaló el socio del estudio Burga Abogados.

Según el especialista, las investigaciones a cargo del Ministerio Público por las fallas en las luces de la pista de despegue deberán determinar si las órdenes de servicio se ejecutaron y si hubo una conformidad del servicio antes del pago a las empresas implicadas. Además, se deberá establecer quiénes decidieron que un proceso de mantenimiento tan sensible y vital para el funcionamiento del terminal aéreo se ejecutara a través de una orden de servicio y no un concurso público.

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