Un documento oficial del Despacho Presidencial establece filtros de control que incluyen la verificación de antecedentes penales de quienes ingresan, lo que pone en tela de juicio las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien aseguró que en Palacio no se revisan estos datos.
Un documento oficial del Despacho Presidencial desmiente las afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sostuvo recientemente que en Palacio de Gobierno no se revisan antecedentes penales o policiales de los visitantes y que los filtros existentes son insuficientes para detectar antecedentes judiciales.
La controversia se generó tras revelaciones periodísticas sobre el ingreso al Palacio de Gobierno de Ji Wu Xiadong, un empresario de origen chino que afrontaba una orden de arresto domiciliario por presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, quien habría accedido en tres oportunidades a la sede del Ejecutivo entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Frente a estas denuncias, Álvarez declaró que los controles de acceso en Palacio “no tienen ningún filtro, información o sistema” que permita identificar si un invitado está siendo investigado o tiene antecedentes policiales o judiciales, atribuyendo la situación a la falta de interoperabilidad entre las bases de datos de las instituciones del Estado.
Lo que dice la directiva
Sin embargo, la Directiva N.º 007-2023-DP-SSG, que regula el ingreso y salida del Despacho Presidencial y locales conexos, establece de forma explícita que el personal de seguridad encargado debe verificar la situación legal de cada visitante antes de autorizar su acceso.
El documento señala que el personal del área de seguridad debe consultar múltiples sistemas de identificación, entre ellos:
-
RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil),
-
Sistema de identificación policial (requisitorias, antecedentes y denuncias), y
-
Registro de antecedentes penales.
Este mandato contradice directamente la versión del premier sobre la supuesta falta de filtros para detectar antecedentes penales o judiciales antes de permitir el acceso a la máxima sede del poder político en el país.
Reacciones y repercusiones
La discrepancia generó la reacción de figuras políticas. Juan José Santiváñez, exministro de Justicia y vocero de Alianza para el Progreso, calificó de “absolutamente falso” el argumento de Álvarez y defendió que los controles existentes son suficientes para detectar si un visitante tiene requisitorias o antecedentes legales que impedirían su ingreso.
Santiváñez afirmó que, según su experiencia en altos cargos del sector justicia y seguridad, los datos cruzados disponibles permiten identificar plenamente a personas con problemas judiciales antes de autorizarles el acceso a Palacio, calificando de “penosa” la versión del premier.
En contexto
La discusión sobre los filtros de seguridad en Palacio de Gobierno se produce en medio de la investigación sobre las reuniones no registradas entre el presidente José Jerí y empresarios chinos como Zhihua Yang, hechos que desataron el denominado caso “Chifagate” y que están siendo revisados por la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Este nuevo foco de tensión política añade presión sobre el Ejecutivo, que enfrenta cuestionamientos crecientes sobre su gestión de la seguridad institucional y la transparencia en el manejo de visitas oficiales y extraoficiales.
