La Procuraduría Anticorrupción registra más de 35 inmuebles de los investigados en el caso como parte de las medidas cautelares por presuntos actos de corrupción en el Fondo Mi Vivienda.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha logrado un avance importante en el caso ‘Fondo Mivivienda’, al inscribir el embargo de más de 35 propiedades que pertenecen a los investigados. Estas propiedades, cuya valorización asciende a S/47’205,596.00, fueron registradas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), como parte de las medidas cautelares solicitadas en el proceso judicial.
La solicitud del embargo fue aprobada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, en enero de 2025, y se concretó la inscripción de los inmuebles correspondientes a los implicados en el caso, entre ellos la empresaria Sada Goray, y los también investigados Roger Gavidia y Pilar Tijero.
Un detalle clave es que la medida afecta, específicamente, a los bienes de Sada Goray, quien tiene 22 inmuebles embargados en diversas ciudades del Perú, como Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí y Pisco, con un valor total de S/36’383,828.00.
Las investigaciones indican que la organización criminal habría operado mediante el copamiento indebido de espacios de poder en diversas entidades del Estado. Esto les permitió presuntamente obtener beneficios económicos a cambio de tramitar proyectos y concesiones irregulares dentro del Fondo Mi Vivienda.
Según la Procuraduría, la implicada Goray habría entregado dinero a cambio de recibir favores para su inclusión en diversos proyectos, facilitados por la tramitación de solicitudes ante la Sunarp y otras entidades estatales.
Este embargo de bienes es solo una parte de un proceso judicial más amplio, donde las autoridades continúan investigando posibles irregularidades y el funcionamiento de la organización vinculada a actos de corrupción dentro de este importante programa estatal.
