La Procuraduría Anticorrupción de Tacna logró una medida cautelar que ordena el embargo de propiedades de los hermanos Vizcarra, incluidos inmuebles del candidato presidencial Mario Vizcarra, en el marco del caso “Los Saqueadores de Ilabaya”.
La Procuraduría Anticorrupción de Tacna ha obtenido una medida cautelar judicial que ordena el embargo de los bienes del candidato presidencial Mario Vizcarra Cornejo y de su hermano César Vizcarra Cornejo, investigados por su presunta participación en un esquema de colusión vinculada al caso denominado “Los Saqueadores de Ilabaya”.
La medida, dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Jorge Basadre, comprende la inscripción de inmuebles y la prohibición de que los hermanos dispongan de dichos activos, con el objetivo de asegurar una eventual reparación civil que podría alcanzar aproximadamente S/ 1 360 000.
La investigación se remonta a hechos de 2018 en el distrito de Ilabaya, región Tacna, donde la Municipalidad Distrital contrató el alquiler de maquinaria pesada para la construcción de defensas ribereñas, en un contrato valorizado en unos S/ 6 millones, que según la Fiscalía nunca se ejecutó. La tesis fiscal sostiene que, pese a que las maquinarias no habrían sido trasladadas al lugar de la obra, sí se efectuaron pagos millonarios que se canalizaron a través de subcontrataciones en las que figuraron Mario y César Vizcarra como proveedores.
Mario Vizcarra Cornejo es actualmente candidato a la presidencia por el partido Perú Primero, organización fundada por su hermano, el expresidente Martín Vizcarra. Ambos hermanos enfrentan la investigación como presuntos cómplices externos en la presunta colusión agravada relacionada con este contrato que no habría cumplido con la ejecución de los trabajos acordados.
Desde la agrupación política han cuestionado la oportunidad de la acción judicial en plena campaña electoral, con voceros señalando que las medidas podrían obedecer a un intento de vincular políticamente a los investigados con la investigación. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que el embargo tiene como finalidad proteger los intereses patrimoniales del Estado en caso de que se determine responsabilidad y se ordene una reparación civil.
La investigación aún se encuentra en etapa preparatoria y las partes involucradas han sido notificadas de la medida cautelar. Las autoridades judiciales continuarán con el proceso fiscal para determinar si corresponde formalizar cargos y establecer responsabilidades penales por el presunto delito de colusión agravada.
