Mientras la ley prohíbe desde 2017 el desembarque de aletas sueltas, nueve buques japoneses descargaron en el Callao más de 17 000 kilos sin que Produce ni la Fiscalía movieran un dedo.
Un negocio millonario manchado de sangre
Cada año, millones de tiburones son mutilados en el mundo para alimentar un mercado asiático que mueve hasta 550 millones de dólares. Solo las aletas, que representan apenas el 5% del animal, son la presa codiciada. Perú prohibió el aleteo en 2017, pero esa norma quedó en papel frente al ingreso de toneladas de aletas en pleno puerto del Callao.
El hallazgo que nadie quiso ver
Entre 2021 y 2024, nueve embarcaciones japonesas desembarcaron 713 sacos con 17 000 kilos de aletas. Ningún inspector de Produce alertó la violación de la ley, ni la Fiscalía Ambiental inició una investigación. Expertos calculan que la carga equivale a al menos 17 000 tiburones sacrificados.
Especies amenazadas y vacío legal
Más de la mitad de las aletas eran de tiburón azul, especie considerada “Casi Amenazada” por la UICN. El resto ni siquiera fue identificado. La normativa es clara: está prohibido el desembarque de aletas sueltas, nacionales o extranjeras, incluso si fueron pescadas en aguas internacionales.
Empresas con antecedentes
Las aletas fueron adquiridas por Servicios Marítimos Santa Elena SAC, empresa con antecedentes por tráfico de tiburones protegidos. Los barcos japoneses fueron representados en Perú por Gyoren del Perú SAC, agencia marítima con multas que superan los 120 000 dólares por diversas infracciones pesqueras. Ninguna sanción fue ejecutada de manera efectiva.
Estado ausente y responsabilidad funcional
Fiscales ambientales coinciden en que Produce debió decomisar la carga, imponer multas y alertar a la FEMA. Nada de eso pasó. Abogados advierten que la omisión de los funcionarios no es un error menor, sino un posible “delito de responsabilidad funcional”.
El mercado que Perú alimenta
Solo entre 2021 y 2025, Santa Elena SAC importó 888 307 kilos de tiburones y aletas, en su mayoría desde Japón. De las 174 toneladas de aletas registradas, solo 32 fueron exportadas oficialmente. El destino del resto es un misterio.
Llamado a cerrar filas
Fiscales y especialistas advierten que la permisividad del Estado abre las puertas al tráfico internacional de especies. Piden medidas más severas, desde clausuras hasta restricciones de exportación, y que la Sunat saque a las aletas del “canal verde” aduanero que hoy las deja pasar sin control.
