A menos de tres meses de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones registra decenas de candidaturas que consignan sentencias penales vigentes por delitos como corrupción y violencia familiar, según datos de sus propias hojas de vida presentadas ante el JNE.
A menos de tres meses de que los peruanos acudan a las urnas en las Elecciones Generales 2026, un informe periodístico basado en las hojas de vida entregadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha revelado que 252 candidatos inscritos consignan sentencias penales vigentes en sus antecedentes, incluidas figuras que aspiran a la Presidencia de la República, vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.
La revisión de las declaraciones juradas de hoja de vida se realizó en el portal público Declara+ del JNE, donde los propios postulantes detallan sus antecedentes penales. En varios casos, los candidatos declararon estar en condición de rehabilitados, aunque sus sentencias siguen registradas en el sistema.
Entre los delitos consignados se encuentran corrupción contra la administración pública, peculado, difamación, violencia familiar, omisión a la asistencia familiar, hurto, estafa y otros relacionados con el orden público y la seguridad, según el análisis periodístico de los datos oficiales.
Un caso destacado es el de Mario Vizcarra Cornejo, candidato presidencial por el partido Perú Primero, quien registró en su hoja de vida una sentencia por peculado, delito que implica el uso indebido de recursos públicos. Otro ejemplo es Alejandro Soto, inscrito como candidato a la segunda vicepresidencia por Alianza para el Progreso (APP), que consignó tres condenas por difamación.
Fiscalización y controversia
El JNE viene fiscalizando más de 8 500 hojas de vida de postulantes a diversos cargos públicos en este proceso electoral. La revisión abarca cotejos con registros oficiales del Poder Judicial y otras instituciones para verificar la veracidad de lo declarado y detectar omisiones o falsedades.
La presencia de candidatos con sentencias penales en las listas ha generado preocupación entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. Para algunos analistas, la situación refleja una débil capacidad de los partidos políticos para filtrar a sus postulantes y una brecha entre las expectativas de la ciudadanía sobre probidad y lo que finalmente ofrecen las agrupaciones.
Debate sobre idoneidad y exclusión
Aunque la existencia de una sentencia penal registrada no implica automáticamente la exclusión de una candidatura, la Ley 30717 vigente establece que ciertas condenas por delitos dolosos —como corrupción de funcionarios, colusión o peculado— pueden determinar la improcedencia de la postulación, incluso si el candidato afirma estar rehabilitado.
Este debate se da en el contexto de un electorado que, según encuestas, prioriza la honestidad e integridad como cualidades fundamentales en los candidatos presidenciales y parlamentarios. La percepción de impunidad o laxitud en la selección de candidatos podría influir en la opinión pública y la participación electoral.
Elecciones bajo escrutinio
La revelación de estos antecedentes se produce mientras se intensifica la campaña política rumbo al 12 de abril de 2026, fecha programada para los comicios generales en el Perú. La ciudadanía y las autoridades electorales siguen de cerca el proceso de fiscalización de hojas de vida, a fin de asegurar que las candidaturas cumplan con los requisitos legales y éticos que demanda el país.
