Durante décadas, Derecho se ha mantenido entre las carreras universitarias con mayor demanda entre los estudiantes peruanos. En 2024, la Sunedu contabilizó 62 facultades de pregrado vinculadas al Derecho y 187 programas de especialización relacionados con esta disciplina. Esta amplia oferta plantea la pregunta ¿cómo distinguir una formación de calidad entre tantas instituciones que ofrecen la carrera?
El Derecho forma parte, junto con Educación y Salud, de las áreas más exigidas por el Estado más allá del licenciamiento de sus carreras. Uno de esos requerimientos es la acreditación, que es obligatoria sus casos debido al impacto que estas profesiones tienen en la sociedad.
En este contexto, la acreditación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) adquiere especial relevancia. A diferencia del licenciamiento, que verifica las condiciones básicas para que una universidad pueda prestar el servicio educativo, la acreditación reconoce públicamente la calidad demostrada por un programa luego de un proceso de evaluación externa. Además, es temporal y exige procesos de mejora continua.
Una de las casas de estudio recientemente acreditadas es la Universidad de Piura (UDEP) por su Programa Académico de Derecho en sus sedes Piura y Lima. El programa en la sede norte recibió una acreditación por seis años, mientras que en la capital obtuvo una vigencia de dos años. La ceremonia de entrega por la acreditación se realizó en Campus Lima y reunió a autoridades del Sineace y Coneau, profesores, estudiantes y egresados.
Para el rector de la Universidad de Piura, Dr. Paul Corcuera García, expresó que este reconocimiento “es la confirmación de que estamos avanzando por el camino correcto y es el punto de partida para nuevos objetivos”. La Facultad de Derecho de la UDEP inició sus actividades en Piura en 1990 y luego extendió su presencia a Lima. Corcuera destacó que la acreditación representa la validación externa de un proceso de revisión y mejora, pero también una responsabilidad para mantener estándares.
En un escenario con una amplia oferta de formación jurídica, la acreditación puede convertirse así en un elemento diferenciador para estudiantes y familias. Más que un sello, representa una evidencia de que un programa está dispuesto a someterse a una evaluación externa y a mantener mecanismos permanentes de mejora.
