Los delitos violentos se han incrementado en más del 30 % en los últimos meses.
Mientras el país atraviesa una de las peores crisis de criminalidad en décadas y la confianza en las instituciones se encuentra severamente deteriorada, el Gobierno ha encendido la polémica al centrar sus esfuerzos en una medida que ha generado amplio rechazo ciudadano: el incremento de la remuneración mensual de la Presidenta de la República.
La decisión, que fue oficializada mediante norma publicada recientemente, ha sido duramente cuestionada por diversos sectores políticos, sociales y académicos, al considerarse desatinada e insensible frente a la situación actual del país. Según cifras del Ministerio del Interior, los delitos violentos se han incrementado en más del 30 % en los últimos meses, con regiones como Lima, Trujillo y Piura entre las más afectadas por la criminalidad organizada y el sicariato.
A ello se suma un ambiente de profunda desconfianza ciudadana hacia la clase política. Encuestas nacionales revelan que más del 80 % de peruanos desconfía del Gobierno y del Congreso, mientras que la aprobación presidencial se encuentra en niveles mínimos.
“El país exige soluciones concretas contra la inseguridad, mejoras en salud, educación y lucha contra la corrupción. Sin embargo, el Ejecutivo opta por priorizar el incremento del sueldo presidencial, enviando un mensaje completamente desconectado de la realidad que vive la población”, señaló un analista político.
Diversos gremios laborales y sindicatos han calificado la medida como “una bofetada al pueblo”, especialmente en un contexto donde miles de trabajadores del sector público reclaman mejoras salariales, condiciones dignas y estabilidad laboral.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido la inmediata revisión y anulación de esta decisión, así como una explicación pública que justifique el aumento. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando acciones firmes y concretas frente a la ola de violencia e inseguridad que golpea al país.
