La Subcomisión aprobó un informe que recomienda diez años de castigo y nuevas acusaciones penales.
Una ofensiva política sin precedentes
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. La decisión, tomada en una sesión extraordinaria presidida por Lady Camones, recibió nueve votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El informe, elaborado por el congresista Jorge Montoya, da luz verde a una de las movidas políticas más duras de los últimos años contra el Ministerio Público.
Los cargos que apuntan a los fiscales
El informe no solo pide la inhabilitación. También plantea acusarlos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por actuar como posibles instigadores de usurpación de funciones. Según el documento, los magistrados habrían emitido la Resolución 2246 del catorce de octubre de 2024, con la que aprobaron un reglamento que violaba la Ley 32130, que fortalece las funciones de investigación de la Policía Nacional. Para la Subcomisión, ese reglamento habría significado una usurpación de funciones policiales.
Una denuncia que encendió el Congreso
La acusación 528 fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes sostienen que los fiscales excedieron sus competencias y afectaron el diseño de la investigación penal en el país. La ofensiva coincide con tensiones persistentes entre el Congreso y el Ministerio Público, un clima que ahora se recrudece mientras el informe avanza hacia las siguientes etapas del proceso político.
