Es necesario fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones ante el incumplimiento de las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas.
Más de 1.8 millones de mujeres viven con alguna discapacidad en el país, una cifra que supera en 430 mil casos a los hombres, según el Censo Nacional 2017. Esta brecha evidencia una mayor situación de vulnerabilidad para la población femenina, que enfrenta no solo barreras físicas y sociales, sino también más riesgos de exclusión y desigualdad.
“Las mujeres con discapacidad no solo presentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud, educación, empleo, justicia y protección frente a la violencia, también existen importantes barreras en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en temas relacionados con salud menstrual, maternidad, acceso a información accesible, planificación familiar y atención ginecológica adecuada”, afirmó Nuccia Seminario, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).
Para Seminario, esta realidad exige la implementación de servicios especializados para estas mujeres, debido a que enfrentan una situación de doble vulnerabilidad por razones de género y discapacidad. Agregó que es necesario que se implementen políticas públicas y servicios accesibles con enfoque de género e inclusión.
Se estima que la población peruana con algún tipo de discapacidad supera los 3.2 millones de personas. Sin embargo, apenas 521,994 están inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS, de las cuales 303,327 son hombres y 218,667 son mujeres.
“La baja inscripción de personas con discapacidad en el CONADIS genera diversos problemas, porque muchas personas no pueden acceder plenamente a beneficios como: programas sociales, cuotas laborales, servicios de salud, educación inclusiva”, advirtió Seminario.
Por otra parte, la falta de inscripción de personas con discapacidad en el CONADIS “genera deficiencias a nivel de datos estadísticos, lo cual repercute en la formulación de servicios que resultan insuficientes debido a una incorrecta focalización”, aclaró Sol Ponce, investigadora de la UCSS.
De acuerdo con las investigadoras, el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos aún presenta múltiples limitaciones que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Si bien el Estado peruano ha desarrollado normas orientadas a garantizar la inclusión y accesibilidad, se presentan barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales en sectores como salud, educación, transporte y administración pública.
Tipos de discapacidad en el Perú.
Según el Censo Nacional 2017, el 31.2% de la población con discapacidad se concentra en Lima, seguida de Piura (5.4%), La Libertad (5.2%), Puno y Arequipa (5%). Además, los problemas en la visión representan la discapacidad con mayor prevalencia con 48.3%, seguida de las dificultades para moverse, caminar o usar brazos y piernas (15.1%) y las deficiencias en la audición (7.6%).
Adicionalmente, el 18.4% de las personas con discapacidad manifestó que padece dos o más tipos de discapacidad. Una de ellas es la Sordoceguera, que afecta tanto a la visión como a la capacidad auditiva, cuyo tratamiento requiere una atención diferenciada, por lo que incluso tiene una ley propia (Ley N° 29524).
“Es importante comprender que la sordoceguera es un tipo de discapacidad de baja prevalencia que posee características propias. Por ejemplo, la ley establece que, para una correcta accesibilidad a los servicios, las instituciones deben asignar un guía intérprete que, además de manejar la lengua de señas, braille u otro requerido, los apoye en la movilidad, orientación y la información acerca del contexto en el que se desarrolla la comunicación”, explicó Sol Ponce.
Añadió que es necesario fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones ante el incumplimiento de las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas. Además, precisó que es necesario promover la participación de las personas con discapacidad en mesas de trabajo para la elaboración de proyectos y promover la investigación para generar soluciones a esta problemática.
“Como universidad, con la UCSS nos hemos integrado a la Red Nacional de Investigadores en Discapacidad. Representa una valiosa oportunidad que nos permitirá profundizar en esta temática. Podremos establecer nexos con otros investigadores y desarrollar estudios interdisciplinarios, con la finalidad de vislumbrar los problemas existentes que enfrentan las personas con discapacidad. Y posteriormente, sean objeto de diálogo para la elaboración de propuestas de solución”, concluyó Sol Ponce.
