A pesar de estar bajo investigación por abuso de autoridad y tráfico de influencias, el Gobierno vuelve a premiar al exministro con un asiento en el consejo directivo de la Sucamec.
El reciclaje político no descansa en Palacio. Juan José Santiváñez, el exministro del Interior censurado por el Congreso, regresa oficialmente al Ministerio del Interior como flamante miembro del Consejo Directivo de la Sucamec, el organismo que controla armas, municiones y seguridad privada en el país. El nombramiento fue oficializado este 7 de mayo mediante la Resolución Suprema N° 069-2025-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.
Aunque fue sacado por la puerta trasera tras su breve y cuestionado paso por el Ministerio, Santiváñez nunca dejó el entorno de confianza de Dina Boluarte. Apenas semanas después de su censura, fue colocado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental de la Presidencia, cargo desde el cual administra la agenda de la mandataria y coordina con instituciones públicas para la obtención de información estratégica. Es decir, maneja el poder desde las sombras.
Ahora suma un nuevo puesto, esta vez como parte del directorio de la Sucamec, donde —según el exministro Wilfredo Pedraza— se encargará de asesorar en políticas clave sobre seguridad y control de armas. “El cargo que tiene en Palacio es más importante”, dijo Pedraza, aunque reconoció que la posición en Sucamec podría traerle beneficios adicionales.
Estrategia de impunidad desde Palacio
No es casual que el regreso de Santiváñez ocurra mientras está siendo investigado por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Tal como ocurrió con Julio Demartini, exministro del Midis e investigado por corrupción en Qali Warma —rebautizado ahora como Wasi Mikuna—, el Gobierno sigue tejiendo una red de protección para sus exministros. Demartini fue reubicado como asesor en el Mincetur con un jugoso sueldo de S/15.600 mensuales.
La jugada es clara: colocar a exministros procesados en cargos de confianza dentro del Ejecutivo, donde pueden alegar arraigo laboral y, así, evitar medidas judiciales como el impedimento de salida del país. Mientras tanto, el costo anual de esta oficina palaciega —donde ahora opera Santiváñez— supera los S/.879 mil soles.
Dina Boluarte no limpia la casa: la refuerza con los mismos rostros desacreditados. ¿Hasta cuándo seguirá premiando la censura y blindando a sus fieles mientras el país exige justicia y transparencia?
