La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó la apelación fiscal para imponer impedimento de salida a la exmandataria Dina Boluarte, en una sesión marcada por un cruce verbal entre la investigada y el presidente del colegiado.
Audiencia tensa y corrección del magistrado
La audiencia virtual inició a las nueve de la mañana con la presencia de la defensa de Boluarte y representantes del Ministerio Público, que reiteraron la existencia de un presunto riesgo de fuga.
Durante su intervención, Boluarte se refirió al presidente de la sala como “señora jueza”, lo que generó una inmediata respuesta del magistrado Manuel Estuardo Luján: “No soy señora, soy señor”. El juez interrumpió su exposición y le pidió mantener atención a quienes conducen la audiencia. La exmandataria ofreció disculpas.
Discrepancias por el riesgo de fuga
Boluarte negó que tenga intención de abandonar el país y afirmó que ha permanecido en territorio peruano sin restricciones pese a que no existe una orden que limite sus viajes. Su defensa sostuvo que no hay elementos objetivos que acrediten voluntad de eludir a la justicia.
La Fiscalía insistió en lo contrario, señalando que la permanencia del hijo mayor de Boluarte en el extranjero, la salida del país de una exasistenta y los indicios en la investigación por cirugías estéticas son factores que incrementan el riesgo.
Motivos de la apelación fiscal
El Ministerio Público fundamentó su pedido en las intervenciones estéticas que la exmandataria habría recibido sin informar su situación real al Congreso, así como en la presunta participación de un médico que habría obtenido beneficios personales. También resaltó la necesidad de asegurar su presencia en diligencias pendientes.
Contexto del caso
El caso involucra intervenciones estéticas realizadas durante su periodo como presidenta, que no fueron notificadas oportunamente. Declaraciones de una exasistenta —hoy en el extranjero— señalaron tres procedimientos médicos y un posible acuerdo con el cirujano, lo que abrió nuevas líneas de investigación.
La situación de Boluarte también incluye carpetas fiscales adicionales, que la defensa considera improcedente usar como soporte para medidas restrictivas, mientras que la Fiscalía sostiene que el comportamiento procesal es un elemento clave para evaluar riesgos.
