El Ejecutivo devolvió al Congreso la norma que incrementaba las pensiones de los docentes cesantes y jubilados. Gremios magisteriales acusan a la presidenta Dina Boluarte de dar la espalda al magisterio, mientras el Gobierno justifica la decisión por razones presupuestales y de sostenibilidad fiscal.
La presidenta Dina Boluarte decidió observar la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que otorgaba un aumento de pensión de hasta S/3,300 a los maestros jubilados y pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 y 19990.
La norma, aprobada por amplia mayoría en el Parlamento, buscaba equiparar las pensiones de los docentes retirados al monto de la primera escala magisterial vigente. Sin embargo, el Ejecutivo devolvió la ley argumentando que su aplicación generaría un impacto económico insostenible para el Estado.
Según el documento enviado al Legislativo, la medida podría “afectar el equilibrio presupuestal y comprometer la estabilidad financiera del sistema de pensiones”, motivo por el cual el Gobierno solicitó una revisión integral del régimen previsional antes de proceder con incrementos generalizados.
“Reconocemos la labor de los maestros, pero debemos actuar con responsabilidad fiscal. Un aumento sin fuente de financiamiento asegurada pondría en riesgo otras políticas sociales”, precisó una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Indignación entre los maestros
La decisión del Ejecutivo provocó malestar entre los gremios magisteriales, quienes consideran que la presidenta Boluarte ha incumplido sus promesas hacia el sector educación.
“Esta medida es una traición. Muchos docentes han entregado su vida al servicio público y hoy sobreviven con pensiones indignas”, expresó Luis Villanueva, secretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).
Los representantes del magisterio han solicitado que el Congreso apruebe la ley por insistencia, un mecanismo constitucional que permitiría promulgar la norma sin la firma presidencial.
Contexto del proyecto
El proyecto de ley observada beneficiaría a más de 160,000 docentes cesantes y jubilados, buscando reducir la brecha con los maestros activos. El incremento propuesto respondía a una antigua demanda del magisterio, que reclama una pensión justa acorde a los años de servicio y formación profesional.
No obstante, el Ejecutivo insistió en que el aumento debe evaluarse dentro de una reforma previsional integral, en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía (MEF).
El ministro de Educación, Morgan Quero, respaldó la observación señalando que “el compromiso con los docentes se mantiene, pero se requiere una propuesta viable y sostenible”.
Próximos pasos
El Congreso de la República deberá decidir si acepta las observaciones o aprueba la norma por insistencia, lo que podría avivar el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo en plena antesala electoral.
En tanto, los gremios docentes preparan movilizaciones nacionales para exigir la aprobación de la ley y demandar un mayor reconocimiento a los maestros jubilados, a quienes consideran los “pilares olvidados del sistema educativo”.
