En la noche del 22 de mayo, el Poder Ejecutivo oficializó la salida del país de la presidenta Dina Boluarte para asistir a la ceremonia de investidura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a realizarse este 24 de mayo en Quito. La autorización fue dispuesta mediante la Resolución Legislativa N.º 32344, publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano.
Según el documento, este viaje busca “renovar el compromiso de cooperación bilateral e integración fronteriza entre Perú y Ecuador”, en un contexto clave para ambos países.
Sin embargo, la participación de la mandataria en este evento internacional coincide con un momento delicado en el plano nacional: Boluarte enfrenta una creciente presión política y judicial, incluyendo al menos cinco nuevas denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Estas incluyen su presunta responsabilidad en lesiones a manifestantes durante las protestas sociales de 2022-2023.
Este nuevo desplazamiento internacional se suma al reciente viaje al Vaticano, donde asistió a la entronización del papa León XIV. Ambos eventos han sido observados con crítica desde diversos sectores, en especial por su frecuencia, carácter protocolar y aparente desconexión con las urgencias internas del país.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Ejecutivo, Boluarte se mantendrá a cargo del despacho presidencial mediante tecnologías digitales durante su permanencia en el extranjero.
