El abogado José Carlos Mejía, representante del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, denunció hoy que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue alertado con anticipación sobre el allanamiento a su domicilio, lo que habría comprometido la eficacia de la diligencia realizada por el Ministerio Público.
De acuerdo con Mejía, esta filtración de información sobre la operación judicial no solo puso en evidencia la falta de confidencialidad en las acciones de las autoridades, sino que también permitió al ministro Santiváñez tomar medidas para preparar su hogar, lo que redujo considerablemente la probabilidad de hallar información relevante en el marco de la investigación.
Alerta en medios de comunicación
El abogado señaló que desde el pasado viernes circulaban rumores en diversos medios de comunicación sobre la posibilidad de un allanamiento a la vivienda del ministro Santiváñez, lo que habría generado una alerta temprana en el funcionario. Esta filtración previa, según Mejía, no solo afectó la efectividad de la diligencia, sino que también plantea serias dudas sobre la cadena de manejo de información dentro del gobierno.
“La intervención debió haberse realizado con total discreción para garantizar que los elementos probatorios fueran incautados de manera efectiva. Sin embargo, al haber trascendido la noticia sobre el allanamiento, Santiváñez tuvo tiempo suficiente para tomar las precauciones necesarias, lo que compromete gravemente la integridad de la investigación”, afirmó el abogado.
Impacto en la investigación
Este hecho ha generado preocupación dentro del ámbito judicial y político, ya que la filtración de información sobre operativos tan sensibles puede entorpecer el curso de las investigaciones y dificultar el acceso a pruebas cruciales. Los abogados de la defensa del capitán Izquierdo subrayan que este tipo de situaciones pone en riesgo el principio de imparcialidad y el derecho de las partes involucradas a un debido proceso.
Reacciones políticas
El caso ha generado un fuerte debate en el Congreso y en los sectores de oposición, quienes exigen una explicación clara sobre cómo se manejaron las filtraciones y qué medidas se tomarán para garantizar la transparencia y la eficacia de las futuras diligencias. La bancada opositora también ha solicitado la intervención de la Fiscalía de la Nación para investigar a fondo este hecho y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de funcionarios del gobierno.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha rechazado las acusaciones y aseguró que el allanamiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes. No obstante, el debate sobre la falta de seguridad en el manejo de información sensible se mantiene abierto.
Conclusión
La denuncia realizada por el abogado José Carlos Mejía subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en las diligencias judiciales y operativos policiales para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. El país espera que las autoridades correspondientes actúen con celeridad para esclarecer este hecho y garantizar que el proceso judicial siga su curso sin interferencias externas.
