Una denuncia interna y documentos oficiales apuntan a supuestas ayudas mutuas entre altos funcionarios del sistema de justicia y el Colegio de Abogados de Lima, lo que incluiría posibles faltas funcionales y vínculos irregulares.
Una serie de favores mutuos entre la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, y el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, han sido objeto de una denuncia interna ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según documentos revisados por Expreso.
La Denuncia N.º 2160-2025-JNJ, presentada por Ana Vargas, titular de la Junta de Vigilancia del CAL, describe el uso de altos cargos en el sistema de justicia no solo para encubrir malos manejos, sino también para tomar represalias contra críticos y favorecer intereses políticos y comerciales. La denuncia menciona presuntas faltas graves como intromisión indebida en procesos constitucionales, tráfico de influencias, falsedad en resoluciones judiciales, relaciones extraprocesales indebidas con partes interesadas, falta de motivación y prevaricato, así como favorecimiento irregular al suspendido decano Raúl Canelo.
Esta situación se origina después de que el Consejo de Ética del CAL suspendiera por seis meses a Canelo y a varios miembros de su junta directiva en mayo de 2025. La suspensión fue notificada días después, y una serie de acciones internas en el gremio llevaron a la elección de un decano encargado y a medidas de fuerza que enfrentaron a distintas facciones dentro de la institución.
Según la denuncia, la presidenta del Poder Judicial y la entonces fiscal suprema habrían usado sus cargos para blindar al decano Canelo, tanto de forma discreta como públicamente, lo que ha generado cuestionamientos sobre la autonomía e independencia de las instituciones judiciales y gremiales.
La denuncia sugiere además que abogados que se enfrentaban a los intereses de Tello, Espinoza o Canelo terminaban procesados o sancionados, lo que indicaría un patrón de represalias que instala dudas sobre equidad, imparcialidad y respeto a las normas de conducta funcional dentro del sistema de justicia y el gremio profesional.
Las autoridades correspondientes, incluida la JNJ y otros organismos de control, aún no han emitido una respuesta pública detallada sobre la denuncia. El caso sigue bajo investigación y genera debates sobre la transparencia institucional y la separación de poderes en el país.
