Las declaraciones de Ernesto Bustamante sobre la seguridad ciudadana y su postura frente al Ministerio del Interior desatan críticas en redes sociales.
El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, ha generado controversia tras sus declaraciones sobre la seguridad ciudadana, en las que minimizó la crisis de inseguridad que afecta al país. En una reciente entrevista con Exitosa, Bustamante afirmó que los ciudadanos deben asumir una parte de la responsabilidad en la seguridad, sugiriendo que «la seguridad la proveemos nosotros mismos», y que no se puede depender exclusivamente del Estado para la protección personal.
Rechazo a la responsabilidad del Estado
Bustamante argumentó que en la época del terrorismo, él mismo cargaba un arma de fuego para su propia protección, señalando que recibía amenazas y extorsiones a diario. «No podemos decir ‘papá ministro, protégeme'», expresó, lo que causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes lo acusaron de restar importancia al rol del Estado en la lucha contra la criminalidad. Las críticas crecieron al considerar que su postura minimiza la responsabilidad del Ministerio del Interior en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Falta de apoyo a la moción de censura contra Santiváñez
Además de sus polémicas declaraciones, Bustamante defendió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y explicó que no firmó la moción de censura presentada por su bancada en el Congreso. Aunque reconoció algunos errores en la gestión del ministro, el congresista fujimorista sostuvo que cambiarlo no garantizaría automáticamente la mejora de la seguridad ciudadana en el país. «Si me garantizas que el cambio de Santiváñez significará que tendremos seguridad, hoy mismo firmo», afirmó.
Críticas por minimizar la realidad de la inseguridad
El comentario de Bustamante llega en un contexto en el que la inseguridad ciudadana está en aumento, con más de 475 víctimas de violencia en lo que va del año. Para muchos, sus palabras son una forma de evadir la realidad y desentenderse de la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para combatir la creciente ola de criminalidad en Perú.
