Desde el Colectivo PAS, País Seguro, advierten que la falta de coherencia en la política de formalización sigue favoreciendo la expansión de esta economía ilícita en el país.
El avance de la minería ilegal en el Perú sigue generando preocupación en distintos sectores, no solo por su impacto ambiental y económico, sino por su creciente vínculo con la inseguridad ciudadana y otras actividades delictivas. Para el Colectivo PAS, País Seguro, este crecimiento no es casual, sino consecuencia directa de decisiones estatales que han debilitado la política de control y formalización.
Según la organización, uno de los principales problemas es el uso del Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, que en la práctica se ha convertido en un instrumento que permite a operadores informales seguir funcionando sin mayores consecuencias. Esta situación, advierten, ha terminado por distorsionar el objetivo original del proceso de formalización y ha abierto espacios de impunidad.
En ese contexto, el colectivo puso énfasis en la importancia del rol que cumple la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, un cargo que consideran clave para definir el rumbo de la política pública frente a una de las principales economías ilícitas del país. Las recientes decisiones en torno a esta función han generado inquietud por la señal que el Estado estaría enviando respecto a su real compromiso en la lucha contra la minería ilegal.
Desde PAS señalaron que el problema va más allá de nombres propios y apunta a la necesidad de coherencia, idoneidad y credibilidad en las decisiones institucionales. A su juicio, sin una postura firme del Estado, la formalización seguirá siendo un mecanismo vulnerable que termina alimentando la ilegalidad en lugar de combatirla.
El colectivo sostuvo que enfrentar de manera efectiva la minería ilegal requiere una reforma profunda del sistema de formalización, basada en el cumplimiento real de requisitos sociales y ambientales, trazabilidad de la actividad y responsabilidad jurídica. De lo contrario, advirtieron, el país continuará atrapado en un ciclo que debilita el Estado de derecho y facilita la expansión de economías criminales.
