Mientras el país llora a 13 trabajadores ejecutados, el presunto autor del crimen, liberado por fiscales y sin orden de captura, entró a Colombia sin trabas. La impunidad sigue al mando.
El Estado vuelve a demostrar que no tiene control ni memoria. El Gobierno de Colombia confirmó este martes que Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, ingresó a su territorio legalmente el 5 de mayo, sin que existiera ningún requerimiento judicial para detenerlo. ¿Suena absurdo? No tanto si se conoce cómo el sistema peruano soltó al principal sospechoso de la masacre de 13 mineros en Pataz.
“Cumplió con los requisitos establecidos por la normativa vigente”, señaló Migración Colombia en un comunicado. No había alerta, no había impedimento, no había ni una maldita orden judicial para retenerlo, a pesar de que el propio Gobierno peruano lo acusa de liderar una estructura criminal que arrasó con vidas inocentes.
‘Cuchillo’ no es un desconocido. Fue capturado por la Policía Nacional en 2023, pero liberado por decisión del Ministerio Público, que ahora intenta lavarse las manos. “¿En qué quedamos?”, lanzó con furia la presidenta Dina Boluarte, recordando que su captura se frustró por negligencia fiscal.
El fiscal Edwin Ramos se excusó: “la detención no fue legal, no se avisó al fiscal a tiempo, no había pruebas”. Las armas incautadas —un revólver y una granada— estaban inoperativas. Con ese argumento, le devolvieron la libertad al presunto asesino de Pataz.
Y así, ‘Cuchillo’ voló primero a Chile, luego entró dos veces a Colombia este año, y ahora, se pasea impune por el continente mientras aquí se entierran cuerpos y se reparten culpas.
El rostro del crimen en Pataz
Alias ‘Cuchillo’ tiene un historial documentado de crímenes: sicariato, tenencia ilegal de armas, narcotráfico, extorsión y ataque a mineras. En 2014 fue sentenciado por posesión de armas, pero volvió a las andadas. Su vínculo con la banda ‘La Nueva Alianza’, liderada por el ahora asesinado ‘Gato Cote’, lo posiciona como el nuevo cabecilla del terror en La Libertad.
Según un colaborador citado por Canal N, la masacre del 25 de abril fue una represalia por una batalla previa entre ‘parqueros’ (sicarios al servicio de mineros ilegales) y la empresa R&R. ‘Cuchillo’ quería controlar el socavón del nivel 2520, y sus hombres habrían perdido cinco integrantes en el primer enfrentamiento. Lo que vino después fue venganza pura.
Los trabajadores fueron secuestrados y algunos ejecutados, una práctica que, según fuentes, es común en estas guerras criminales por el control del oro. Y todo esto ocurre mientras los verdaderos responsables miran para otro lado o, peor aún, firman su libertad.
